La venganza de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) contra el capo mexicano Rafael Caro Quintero se está convirtiendo en una cortina de humo.
La defensa del narcotraficante negocia un acuerdo de cambio de declaración sobre los cargos que le imputan en ese país y que extrañamente el Departamento de Justicia estaría dispuesto a aceptar.
Acusado de conspiración en una empresa continua para exportar drogas ilícitas de México a diferentes entidades estadunidenses, a Caro Quintero la DEA lo quiere procesar por el caso que data de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y en venganza por el secuestro, tortura y asesinato de uno de los suyos: el agente Erique Kiki Camarena.
“Han pasado muchos años, Caro Quintero está muy viejo (73 años) y enfermo. Es cierto, su defensa presentó una propuesta por medio de la cual cambiaría su declaración de no culpable a culpable de los cargos de narcotráfico por los que se le enjuiciaría en Nueva York.
«No se ha aceptado la propuesta, pero no está descartada. Bajo un acuerdo sería enviado a pasar por lo menos 20 años en la cárcel; no saldría vivo”, explica a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia que, por tratarse de un procedimiento judicial en curso, concedió la entrevista bajo el recurso periodístico del “background” y del anonimato.
El 27 de febrero de 2025, en una decisión que sorprendió a las autoridades federales de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum expulsó a Caro Quintero junto con otros 28 narcotraficantes.
El capo fue puesto a disposición del Departamento de Justicia y la DEA; esta última dependencia durante 40 años vio frustrados sus esfuerzos para de manera ilegal o legal echarle el guante al capo para vengarse en nombre de Kiki Camarena.
En agosto de 2022, como lo reveló esta revista, el gobierno de Estados Unidos, por medio del Departamento de Justicia, presentó oficialmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la solicitud de extradición de Caro Quintero, formulada en cuatro encausamientos: narcotráfico, asesinato, portación ilegal de armas y lavado cometidos en Arizona, California, Nueva York y Texas.
En términos generales el expediente judicial contra Caro Quintero en California es por el asesinato de Camarena y narcotráfico, el de Arizona y Texas por el homicidio de una persona relacionada con la ejecución del padre del capo mexicano, y el de Nueva York por narcoterrorismo.
El riesgo de enviarlo a California
Hasta antes de la expulsión del capo, la Cancillería y la Fiscalía General de la República (FGR) tuvieron la potestad de extraditar a Caro Quintero al estado que quisiera de entre los cuatro con encausamiento federal contra el capo.
Siempre se habló de que el gobierno de México no lo enviaría a California porque en un juicio en esa entidad saldría a la luz la narcocorrupción gubernamental ligada al caso Camarena.
De dicho caso surgirían nombres como el del expriista Manuel Bartlett Díaz –quien en 2022 fue director general de la CFE bajo el gobierno de López Obrador–, amén de la participación directa o indirecta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), tal y como lo ha documentado Proceso a lo largo de los años.
Desde el momento en que se solicitó formalmente la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos se habló de las pocas posibilidades que había de que el gobierno de López Obrador lo mandara a California, esto, para evitar el escándalo de narcopolíticos que brotase de un juicio al capo.
En calidad de expulsado de México, fue el Departamento de Justicia el que decidió el destino judicial de Caro Quintero y por ello fue presentado ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, en la que el proceso está en manos del juez Frederick Block.
“Este caso es judicialmente muy complicado”, dice el funcionario del Departamento de Justicia y explica:
“Si hay un acuerdo, se acepta y se declara culpable, no habrá juicio en Nueva York y recibiría una condena de 15 a 20 años de cárcel».
“Si no se acepta el acuerdo o el acusado decide no cambiar su declaración, será enjuiciado y con toda seguridad declarado culpable por el delito de conspiración de una empresa continua de tráfico de drogas».
«(Podría recibir) una sentencia de mínimo 40 años de prisión o de cadena perpetua como pena máxima; no saldrá vivo nunca”.
Un acuerdo para evitar gastos
Lo que ya quedó descartado y acordado entre la defensa legal de Caro Quintero, encabezada por la abogada de oficio Elizabeth Macedonio, y el fiscal Francisco Navarro, en representación del Departamento de Justicia, es que al narcotraficante mexicano no se le castigará con la pena capital si fuese declarado culpable al concluir su juicio.
