La inseguridad llevó al 14.5 por ciento de los negocios mexicanos a cancelar inversiones en 2025 y generó costos equivalentes al 0.46 por ciento del producto interno bruto (PIB), con la extorsión como el delito más frecuente, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 mostró que las medidas preventivas de los establecimientos privados concentraron el 51.2 por ciento del coste económico, frente al 48.8 por ciento correspondiente a pérdidas por delitos.
“El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas se estimó en un monto de 115.100 millones de pesos (unos 6.208 millones de dólares)”, 0.46 por ciento del PIB mexicano, detalló el organismo autónomo.
Además de cancelar inversiones, el 17.6 por ciento de los establecimientos redujo horarios de producción o venta; el 19.2 por ciento abandonó o minimizó el uso de efectivo; el 8.2 por ciento dejó de hacer negocios con otras empresas y el 5.7 por ciento canceló rutas de distribución.
Estas decisiones respondieron a delitos sufridos o al propósito de prevenirlos.
Entre los 32 estados mexicanos, Tabasco, en el sureste del país, destacó con un 32.1 por ciento de establecimientos que cancelaron inversiones, seguido de Morelos (27.4 %) y Puebla (23.9 %).
La extorsión sumó 787.000 casos, de los cuales el 91 por ciento ocurrió por teléfono, equivalentes a 716.000 hechos.
Su incidencia fue de 1.467 casos por cada 10.000 establecimientos, seguida del robo hormiga (954) y el robo o asalto de bienes o dinero (885). Estos delitos concentraron el 59 por ciento del total.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó 3 millones de delitos contra 1.4 millones de establecimientos, con 2.2 hechos por víctima.
La proporción de negocios afectados bajó del 27.2 por ciento en 2023 al 25.9 por ciento en 2025, aunque su número aumentó desde 1.3 millones.
Los establecimientos medianos registraron la mayor victimización (51.9 %), seguidos de los grandes (48.4 %), mientras el comercio encabezó los sectores (30.5 %) afectados.
A nivel estatal, Baja California, Querétaro y Chihuahua presentaron las mayores tasas estatales.
El reporte señaló que solo se denunció el 9.9 por ciento de los delitos y el 8.2 por ciento derivó en una carpeta de investigación.
El 91.8 por ciento quedó sin denuncia , sin cambio estadísticamente significativo frente a 2023.
Entre los casos con investigación abierta el 46.4 por ciento seguía en trámite y en el 29 por ciento no sucedió nada.
La pérdida de tiempo destacó entre las razones para no denunciar.
Del total de delitos presenciados por empleados o propietarios, el 5.3 por ciento implicó agresiones físicas.
En marzo-mayo de 2026, el 71.2 por ciento de los establecimientos percibió inseguro su estado y el 54.8 por ciento consideró inseguro transportar productos por carretera.
La inseguridad fue el principal problema para el 57.1 por ciento de los negocios.
El 70.5 por ciento consideró corrupta a la policía de tránsito municipal, mientras la Marina obtuvo la mayor valoración de efectividad, con el 88 por ciento.