Propietarios de terrenos, empresarios y residentes de la región de Big Bend, en Texas, mantienen una disputa contra el Gobierno de Estados Unidos por la construcción del muro fronterizo con México, al considerar que la obra podría afectar el medioambiente, el turismo y sus derechos sobre la propiedad privada.
El proyecto forma parte del plan de infraestructura fronteriza impulsado por el presidente Donald Trump, que contempla una inversión federal de 46 mil millones de dólares para reforzar la frontera entre Estados Unidos y México mediante muros, barreras vehiculares, caminos y sistemas de vigilancia.
En la región de Big Bend, las autoridades federales tienen contemplado destinar alrededor de 7 mil 500 millones de dólares para ampliar la infraestructura fronteriza a lo largo de más de 500 millas de territorio texano.
Propietarios recurren a tribunales
De acuerdo con reportes de Associated Press, más de 200 propietarios han participado en acciones de oposición al proyecto, que incluyen demandas, protestas y negativas a permitir el acceso de trabajadores federales a sus terrenos para realizar estudios y trabajos relacionados con la construcción.
Los inconformes argumentan que el terreno accidentado de Big Bend, caracterizado por cañones, montañas y zonas desérticas, ya representa una barrera natural, por lo que cuestionan la necesidad de levantar nuevas estructuras en esa región.
También advierten que las obras podrían alterar el paisaje, afectar la fauna y perjudicar la actividad turística, una fuente importante de ingresos para algunos negocios locales.
La oposición reúne a personas con distintas posturas políticas, incluidos propietarios que respaldan al Partido Republicano, pero que rechazan la construcción por sus posibles consecuencias para sus tierras y comunidades.
Juez suspende temporalmente las obras
La disputa tuvo un avance judicial el pasado 2 de octubre, cuando la jueza federal Kathleen Cardone ordenó detener temporalmente la construcción de barreras fronterizas y otras obras relacionadas en el sector de Big Bend, mientras se resuelve el litigio.
La resolución consideró que los demandantes tenían posibilidades de demostrar que al menos una de sus reclamaciones legales era válida y que podrían sufrir daños irreparables si los trabajos continuaban sin atender los requisitos legales aplicables.
La suspensión representa un freno temporal al proyecto, aunque no significa que la construcción haya sido cancelada definitivamente. El Gobierno federal ha buscado impugnar la decisión judicial.
Gobierno defiende el reforzamiento fronterizo
La Administración federal sostiene que la instalación de barreras y caminos adicionales es necesaria para reforzar la seguridad y prevenir cruces irregulares y actividades ilícitas en la frontera.
Por su parte, los opositores piden que se respeten las disposiciones ambientales y culturales, así como los derechos de los propietarios afectados por las obras.
El futuro del proyecto en Big Bend dependerá de los procedimientos judiciales y de las decisiones que adopten las autoridades federales en torno a la construcción de infraestructura fronteriza en esta zona de Texas.