Cientos de personas marcharon este sábado por el East Side de San Antonio para protestar contra el proyecto del gobierno federal para convertir un almacén en un centro de detención y procesamiento de inmigrantes operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La movilización comenzó en la Davis Middle School y recorrió aproximadamente 2.5 millas hasta las instalaciones ubicadas sobre Southeast Loop 410, donde se proyecta establecer el centro. La manifestación reunió a residentes, organizaciones comunitarias, grupos religiosos, activistas y funcionarios locales.
El inmueble, de aproximadamente 640 mil pies cuadrados, fue adquirido por ICE en enero por unos 66 millones de dólares. La agencia federal contempla convertirlo en una instalación con capacidad para procesar o albergar entre mil y mil 500 personas, mientras se resuelven sus procedimientos migratorios.
Alcaldesa respalda acciones legales
La protesta se realizó un día después de que la alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, anunciara que respaldará acciones legales para intentar detener las obras de adecuación del inmueble.
Jones señaló que la ciudad había solicitado información a ICE sobre el proyecto y que el plazo establecido para recibir una respuesta venció el 30 de septiembre sin que la administración municipal obtuviera la información solicitada. El abogado de la ciudad analiza ahora las opciones legales disponibles.
La alcaldesa y varios integrantes del Concejo Municipal también han expresado preocupación por los posibles efectos que tendría la instalación sobre la infraestructura, los servicios públicos y el medio ambiente de la zona.
Cinco concejales solicitaron una sesión especial para analizar posibles evaluaciones independientes sobre el impacto que el centro podría tener en los servicios de agua y drenaje administrados por San Antonio Water System, así como en la red eléctrica de CPS Energy.
Piden frenar el proyecto
Durante la marcha, participantes y representantes comunitarios pidieron a las autoridades locales utilizar las vías legales disponibles para impedir que el inmueble sea convertido en un centro de detención de ICE.
El comisionado del condado de Bexar, Tommy Calvert, quien participó en la organización de la movilización, señaló que buscará que el condado también considere acciones legales contra el proyecto.
La manifestación ocurre mientras las autoridades locales analizan hasta dónde pueden intervenir frente a una instalación federal. Funcionarios municipales han reconocido que existen restricciones derivadas de la legislación federal y estatal, por lo que cualquier impugnación tendría que sustentarse en las disposiciones legales aplicables.
ICE, por su parte, ha señalado que la instalación está destinada a cumplir con sus funciones de procesamiento migratorio y que se trabaja en su adecuación para comenzar operaciones.
El proyecto mantiene la atención en San Antonio debido a su posible impacto en la comunidad del East Side y por la oposición que ha generado entre residentes y autoridades locales.
La ciudad analiza ahora sus alternativas legales, mientras organizaciones comunitarias anunciaron que continuarán presionando para impedir la apertura del centro.