El fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez reveló que al someter a un nuevo análisis los registros de líneas telefónicas vinculados con la desaprición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero fue posible iubicar a 17 personas más que no habían sido puestas bajo investigación, entre ellas el dueño de la funeraria El Ángel, lugar donde se encontraron cientos de fragmentos óseos, crematorios clandestinos y armas.
Las indagatorias realizadas en los últimos meses a los mencionados registros proporcionaron a la autoridad ministerial evidencia significativa en cuanto a que dos integrantes del grupo criminal guerreros unidos conocidos por los alias de La Gaby y El Chucky -ambos fallecidos – se comunicaron la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 respectvamente con el dueño de la funeraria El Ángel, sujero que a su vez habló en al menos ocho ocasiones con Irving N, otro estudiante de la normal rural en aquél entonces y quien también se comunicó telefónicamente durante las horas de la desaparición de los estudiantes con otros integrantes del mencionado grupo delincuencial.
El fiscal Pasarán Álvarez destacó que uno de los datos trascendes de las últimas indagaciones consiste en que el dueño de la funeraria El Ángel y toda su familia resultaron ser propietarios de diversas funerarias aseguradas e investigadas, pero también quienes mantenían la concesión del servicio médico forense en Iguala, insitución que certifica las causas de muerte de una persona y se encarga de autorizar la inhumaciones o bien, la cremación del cuerpo de una persona.
«Además esta persona y su familia tenían una participación directa en la administración del panteón de Iguala. Rodolfo N tenia el control desde el levantamiento del cuerpo, su identificación, la certificación de las causas de muerte, el resguardo de cuerpos, así como la autorización y destino de estos» abundó el fiscal al presentar los avances del caso junto con el subsecretario de derechos humanos, Arturo Medina Padilla desde las instalaciones de la secretaría de gobernación.
Profundizar en los vínculos de las llamadas llevó a la autoridad ministerial a establecer en agosto del 2025 que Rodolfo N, el dueño de la fueneraria «utilizó un equipo telefónico perteneciente a Julio César N, desaprecido entre el 26 y 27 de septiembre del 2014; hallazgo que «fortaleció los indicios que vinculan a personal de las funearias con la desaparición de los estudiantes» subrayó el fiscal ante los medios de comunicación.
Para octubre del 2025 al efectar una diligencia de cateo en las instalaciones de la funeraria El Ángel se aseguraron «un fémur guardado en un cajón, un arma, documentación relacionada con Irving N así como un horno calandestino que también era operado por la funeraria», establecimiento que operaba al mismo tiempo el SEMEFO en Iguala, Guerrero desde el año 2010.
Adicionalmente, se encontraron en ese cateo certificados de defunción y oficios de traslado de cadáveres así como autorización de inhumaciones; todos los documentos se encontraban en blanco y con lo sellos oficiales, puntualizó el fiscal del caso Ayotzinapa.
«Detengámonos en esto: el sello y la firma ya estaban puestos , la información que debía autorizar esos actos a´sun debía de ser incorporada. En documentos de ests naturaleza se asientan datos de una persona fallecida, al causa de su muerte, el tardado de su cuerpo e inhumación. En documentos en blanco habría la posibilidad de introducir información falsa con respaldo oficial, una muerte violenta podía hacerse constar como una muerte natural, un traslado podría documentarse con datos falsos» enlistó al ejemplificar todo lo que se podía hacer con documentación en blanco y con sellos oficiales.
Pazarán Álvarez reportó que en junio de este año fueron detenidos varios ex servidores públicos relacionados presuntamente con la desaparición de los estudiantes.
Entre ellos César Manuel N, quien fue director de los servicios médicos forenses del estado de Guerrero; Ben N, ex secretario de salud del ayuntamiento de Iguala así como de Julio César N, médico legista técnico forense municipal, persona ésta última que estuvo presente en la barandilla de Iguala el día de la desaparición de los estudiantes y de quien tiempo después su pareja sentimental utilizó el teléfono celular que perteneció al estudiante Israel Caballero Sánchez.
Piden la colaboración del alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos
Por su parte, el subsecretario de derechos humanos, Arturo Medina Padilla confirmó que el gobierno de México se encuentra en pláticas con al alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos para hacer posible que expertos internacionales acompañen las más recientes investigaciones, esto a solicitud de las familias de los estudiantes.
En su intervención, el subsecretario reafirmó que el esclarecimiento del caso Ayotzinapa sigue siendo una prioridad para el gobierno de la presidenta de México, Claudia Shainbaum Pardo.
Agregó que recientemente fue detenido un joven que en el 2014 tenía 14 años de edad y se desempeñaba como halcón para guerreros unidos.
Al ser ubicado en abril de este año, decidió colaborar con las autoridades para lograr la ubicaicón de los estudiantes.
Luego de 12 años de ocurridos los hechos, la indagatoria oscila en los casi 5 millones de fojas compiladas en 3 mil tomos; hay 168 personas procesadas y se han intervenido más de mil sitios en los dos últimos años para efectuar acciones de búsqueda a lo largo de seis municipios del estado de Guerrero.
Las madres y padres de los jóvenes han sido recibidos en los que va del presente sexenio por la presidenta Claudia Shainbaum en ocho ocasiones.