Empresas en Tamaulipas de Servicios de Transporte se encuentran bajo sanciones y con bloqueo luego de que Estados Unidos las acusaran de estar relacionadas con una red de huachicol vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada por Washington como una de las principales amenazas del crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció medidas contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas que, presuntamente, facilitaron operaciones de «huachicol fiscal», una actividad que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, genera ingresos millonarios para la organización criminal.
Cuatro empresas de Tamaulipas, sancionadas por EU
Entre las compañías señaladas se encuentran:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OF Transportes
- OGUI Fletes
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
Todas establecidas en Matamoros. De acuerdo con la OFAC, estas empresas operaban en los sectores financiero y de transporte y formaban parte de la estructura utilizada para mover combustible de manera ilegal.
Empresas vinculadas a Juraidini Silva, señalado como operador financiero
Las investigaciones apuntan a que las cuatro empresas están vinculadas con Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Departamento del Tesoro como un presunto operador financiero de la red.
De acuerdo con la dependencia, el empresario habría creado compañías fachada, utilizado documentación aduanera falsa y modificado la clasificación del combustible para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El Gobierno de Estados Unidos aseguró que esta red permitió el traslado de combustible de contrabando desde territorio estadounidense hacia México, generando ganancias por decenas de millones de dólares que, presuntamente, beneficiaban al CJNG.
Sanaciones alcanzan a Refugio Ruiz Villagómez
Además de Juraidini Silva, las sanciones también alcanzan a J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por participar en el ingreso ilegal de combustible por cruces fronterizos y por mantener vínculos con otras empresas de logística incluidas en la lista negra.
Las acciones fueron coordinadas por la OFAC, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, como parte de una estrategia para desmantelar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.