Las 300 principales organizaciones no gubernamentales de M\u00e9xico sostienen que la \u201calarmante\u201d crisis de derechos humanos que atraviesa el pa\u00eds \u201cse ha profundizado\u201d durante el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, en parte porque \u00e9ste se ha dedicado a \u201cnegarla del todo, aludiendo a que en M\u00e9xico ya no se violan derechos humanos\u201d, lo cual \u201cha exacerbado la situaci\u00f3n y ha generado retrocesos en la garant\u00eda y protecci\u00f3n de determinadas poblaciones y derechos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En un paquete de 17 informes publicado hoy, y que presentar\u00e1n en enero pr\u00f3ximo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU) de M\u00e9xico, las organizaciones hicieron un retrato demoledor sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos en el pa\u00eds, con \u00e9nfasis en la impunidad generalizada, los ataques del poder contra la sociedad civil, la militarizaci\u00f3n de la vida p\u00fablica y el debilitamiento de las instituciones, que contrasta con el discurso triunfador del gobierno federal.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, las organizaciones recordaron que m\u00e1s de 158 mil homicidios dolosos han sido registrados entre diciembre de 2018 y junio de 2023, con un promedio de 85 asesinatos por d\u00eda, y que 40 mil personas desaparecieron durante esta administraci\u00f3n, llevando la cifra total a m\u00e1s de 111 mil. Se\u00f1alaron que la tasa de impunidad en homicidio doloso rebasa el 96.9%, que en el caso de las desapariciones forzadas alcanza 98.9%, con apenas 36 sentencias condenatorias emitidas.<\/p>\n\n\n\n
El informe general ech\u00f3 abajo el discurso que reduce los asesinatos a enfrentamientos entre bandas criminales, pues recalc\u00f3 que la Guardia Nacional y la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) reportaron 901 civiles abatidos, con altas tasas de letalidad, mientras que al menos 962 civiles murieron por agentes de seguridad estatales y municipales. Aparte, de acuerdo con el informe, durante el sexenio actual se siguieron cometiendo ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, de los que se reportaron m\u00e1s de 9 mil 500 quejas.<\/p>\n\n\n\n
Las 300 organizaciones condenaron los ataques \u201cconstantes\u201d de L\u00f3pez Obrador contra \u201corganizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y medios de comunicaci\u00f3n e, incluso, operadoras de justicia y organismos internacionales\u201d; lo anterior, en un contexto de violencia \u201crecrudecida\u201d contra los activistas, con 106 defensores de derechos humanos, 59 periodistas, 10 buscadores de desaparecidos y 82 activistas ambientales asesinados desde 2018.<\/p>\n\n\n\n
A los asesinatos se suman las acciones de hostigamiento, o el espionaje perpetrado por el Ej\u00e9rcito contra periodistas y defensores de derechos humanos con el spyware Pegasus, que el gobierno de L\u00f3pez Obrador \u201cneg\u00f3\u201d, a pesar de las evidencias que fueron publicadas, entre otros por Proceso.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones resaltaron su alarma por el hecho de que L\u00f3pez Obrador haya entregado a las Fuerzas Armadas m\u00e1s de 240 tareas ajenas a su funci\u00f3n, como la construcci\u00f3n y administraci\u00f3n de obras p\u00fablicas \u2013como el Tren Maya\u2013, la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica migratoria, la entrega de programas sociales o la gesti\u00f3n de aduanas, aeropuertos y puertos, as\u00ed como la absorci\u00f3n de la Guardia Nacional y el manejo de las labores de seguridad p\u00fablica hasta 2028.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n denunciaron que la estrategia de seguridad del gobierno federal se base en el uso generalizado de la prisi\u00f3n preventiva, en violaci\u00f3n a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: de abril de 2020 al mismo mes de 2023, el n\u00famero de personas encarceladas bajo esta figura aument\u00f3 de 80 mil 405 a 93 mil 571.<\/p>\n\n\n\n
A nivel institucional, el informe deplor\u00f3 que una serie de \u201ccontrarreformas\u201d a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) derrumbaron los esfuerzos de la sociedad civil para abrir la instituci\u00f3n al escrutinio p\u00fablico y volvieron m\u00e1s opaca la operaci\u00f3n de la instituci\u00f3n, que aparte fue desvinculada de las labores de b\u00fasqueda de personas desaparecidas. La ambiciosa reforma que desapareci\u00f3 la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) no resolvi\u00f3 el problema de ineficiencia de la instituci\u00f3n, que deja sin investigar nueve de cada diez denuncias.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones resaltaron que, en este contexto de deterioro derivado de la violencia, el gobierno de L\u00f3pez Obrador haya emprendido una serie de ataques contra los organismos aut\u00f3nomos encargados de velar por derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Entre las instituciones que fueron debilitadas por el gobierno, destacaron la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) \u2013cuya presidenta, Rosario Piedra Ibarra, tom\u00f3 decisiones para el \u201crespaldo de la pol\u00edtica del gobierno que contravienen sus obligaciones como instituci\u00f3n\u201d \u2013, as\u00ed como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI), el Sistema Nacional de Protecci\u00f3n de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, o la Comisi\u00f3n Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre otras.<\/p>\n\n\n\n
De manera general, las organizaciones exhortaron el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a observar el \u201cincumplimiento en lo sustantivo\u201d del Estado mexicano y a pronunciarse sobre \u201clas cuestiones vinculadas con la militarizaci\u00f3n y sus m\u00faltiples impactos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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