La Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya cuenta con pruebas suficientes para evaluar la apertura de una investigaci\u00f3n formal en contra del gobierno del expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, derivado de una campa\u00f1a sistem\u00e1tica de persecuci\u00f3n y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos en M\u00e9xico, concluy\u00f3 un an\u00e1lisis del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley).<\/p>\n\n\n\n
Dicho an\u00e1lisis, liderado por Lindsay Freeman, fija una ruta de elementos doctrinarios y probatorios para abrir un \u201cexamen preliminar\u201d por cr\u00edmenes de lesa humanidad, pues establece que entre 2018 y 2024, el gobierno mexicano implement\u00f3 una estrategia de hostigamiento que se reflej\u00f3 en la identificaci\u00f3n de dos mil 827 fragmentos (en las mil 437 ma\u00f1aneras del presidente) en los que denostaba a periodistas con t\u00e9rminos como \u201cprensa fif\u00ed\u201d, \u201cchayoteros\u201d y \u201champa del periodismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, la persecuci\u00f3n gubernamental en M\u00e9xico tiene todos los elementos para que entre en acci\u00f3n la nueva Pol\u00edtica sobre Delitos Facilitados por Medios Cibern\u00e9ticos de la Oficina del Fiscal de la CPI. Dicha directriz reconoce que actos como la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campa\u00f1as digitales de acoso y la estigmatizaci\u00f3n desde el poder p\u00fablico pueden encuadrarse bajo la figura del crimen de lesa humanidad de persecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El trabajo de la Universidad de California en Berkeley documenta que durante la administraci\u00f3n anterior fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos (337 v\u00edctimas en total). No obstante, el reporte subraya que el da\u00f1o central no reside \u00fanicamente en la letalidad, sino en la sistematizaci\u00f3n de un ataque estatal articulado mediante cinco mecanismos:<\/p>\n\n\n\n
La estigmatizaci\u00f3n diaria desde las conferencias matutinas.<\/p>\n\n\n\n
El uso de redes de bots para acosar.<\/p>\n\n\n\n
La vigilancia ilegal con spyware militar (como Pegasus o Geomatrix).<\/p>\n\n\n\n
El uso del aparato judicial contra cr\u00edticos (lawfare).<\/p>\n\n\n\n
Impunidad de entre el 93% y el 99%.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n est\u00e1 respaldada en el Proyecto de Rendici\u00f3n de Cuentas por Cr\u00edmenes en M\u00e9xico del propio Centro de Berkeley, el cual puso a disposici\u00f3n p\u00fablica una plataforma probatoria interactiva. Este repositorio incluye la base de datos verificada de agresiones, la trazabilidad de la compra de ciberarmas como Pegasus a NSO Group y Geomatrix a Rayzone por parte de las Fuerzas Armadas, as\u00ed como el an\u00e1lisis sistematizado de las conferencias ma\u00f1aneras. Todos estos elementos fueron alistados por la instituci\u00f3n acad\u00e9mica para presentarlos formalmente como un expediente ante la Fiscal\u00eda de La Haya, como tambi\u00e9n se conoce a la CPI.<\/p>\n\n\n\n
El an\u00e1lisis resalta que la estigmatizaci\u00f3n verbal se tradujo en agresiones f\u00edsicas directas, citando el atentado contra el periodista Ciro G\u00f3mez Leyva \u2014ocurrido un d\u00eda despu\u00e9s de ser atacado en la conferencia ma\u00f1anera\u2014 y el homicidio de Fredid Rom\u00e1n en Guerrero, quien fue intervenido con software malicioso tras publicar informaci\u00f3n sobre el caso Ayotzinapa y ejecutado al d\u00eda siguiente.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la investigaci\u00f3n sustenta la responsabilidad estatal en la evidencia t\u00e9cnica obtenida por las filtraciones de Guacamaya Leaks y los hallazgos de Ej\u00e9rcito Esp\u00eda (R3D y Citizen Lab), los cuales documentaron que un Centro de Inteligencia Militar secreto dentro de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) oper\u00f3 los programas de espionaje para intervenir comunicaciones de comunicadores, activistas e incluso funcionarios civiles.<\/p>\n\n\n\n
El informe del Centro de Berkeley concluye que el patr\u00f3n ejercido durante el gobierno de L\u00f3pez Obrador encuadra en el Art\u00edculo 7 del Estatuto de Roma, el cual sanciona la privaci\u00f3n intencional y grave de derechos fundamentales contra un grupo definido por su funci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Al haber sido catalogados como \u00abopositores\u00bb al proyecto pol\u00edtico de la administraci\u00f3n federal, las agresiones cibern\u00e9ticas y f\u00edsicas articuladas por el Estado mexicano configuran la mayor prueba previa para que la CPI investigue por primera vez la represi\u00f3n digital como un crimen internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya cuenta con pruebas suficientes para evaluar la apertura de una investigaci\u00f3n formal en contra del gobierno del expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, derivado de una campa\u00f1a sistem\u00e1tica de persecuci\u00f3n y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos en M\u00e9xico, concluy\u00f3 un an\u00e1lisis del […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":39118,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-39117","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"yoast_head":"\n