El estado de Texas implementar\u00e1 desde el 1 de mayo una nueva norma que exigir\u00e1 a quienes soliciten licencias profesionales demostrar que se encuentran legalmente en el pa\u00eds, una decisi\u00f3n que podr\u00eda afectar a miles de trabajadores en sectores clave.<\/p>\n\n\n\n
La medida fue aprobada por unanimidad por la Comisi\u00f3n de Licencias y Regulaci\u00f3n de Texas, entidad que supervisa oficios que van desde electricistas hasta esteticistas o criadores de animales.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el organismo, el objetivo es alinear los procesos estatales con la legislaci\u00f3n federal y reforzar los controles contra el fraude, la explotaci\u00f3n laboral y la trata de personas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la decisi\u00f3n ha generado preocupaci\u00f3n entre trabajadores y expertos, quienes advierten que podr\u00eda reducir la fuerza laboral calificada y empujar a muchos a operar sin licencia.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con estimaciones, en Texas viven alrededor de 1,7 millones de personas sin estatus migratorio regular, muchas de ellas empleadas en sectores como la construcci\u00f3n, la hoteler\u00eda o los servicios personales.<\/p>\n\n\n\n
La normativa se basa en la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliaci\u00f3n de Oportunidades Laborales de 1996, que restringe el acceso a beneficios estatales para personas sin autorizaci\u00f3n migratoria, aunque contempla excepciones como solicitantes de asilo, refugiados o v\u00edctimas de trata.<\/p>\n\n\n\n
Funcionarios del TDLR aclararon que la norma no exige ciudadan\u00eda estadounidense, pero s\u00ed cumplir con criterios legales y presentar documentaci\u00f3n v\u00e1lida para obtener o renovar licencias.<\/p>\n\n\n\n
El cambio se da en un contexto de endurecimiento de pol\u00edticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que ha promovido una aplicaci\u00f3n m\u00e1s estricta de las leyes federales en este \u00e1mbito.<\/p>\n\n\n\n
Durante el proceso de consulta, la agencia recibi\u00f3 cientos de comentarios, en su mayor\u00eda en contra de la medida, con advertencias sobre posibles efectos negativos en industrias que dependen de mano de obra especializada.<\/p>\n\n\n\n
Algunos legisladores tambi\u00e9n han alertado sobre el impacto econ\u00f3mico. Proyecciones se\u00f1alan que la fuerza laboral calificada podr\u00eda reducirse entre un 8% y un 10% en sectores regulados.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Gobierno estatal, en cambio, defienden la decisi\u00f3n como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley y priorizar el acceso a empleos para trabajadores con estatus legal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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