El gobierno de los Estados Unidos se opuso formalmente ante una Corte Federal a la intenci\u00f3n del ex presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, de pretender costear su defensa privada con recursos p\u00fablicos del gobierno de dicho pa\u00eds, y pidieron al juez que, en caso de no contar con dinero personal suficiente, se le asigne un abogado de oficio.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior fue manifestado a trav\u00e9s de un escrito con el que el Departamento de Justicia respondi\u00f3 oficialmente a la moci\u00f3n que present\u00f3 el abogado privado de Maduro, Barry Pollack, en la que ped\u00eda que el caso contra el ex presidente sea cancelado, argumentando violaciones al derecho fundamental a una defensa adecuada.<\/p>\n\n\n\n
En el extenso oficio de 42 p\u00e1ginas, el fiscal en Jefe del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, se\u00f1al\u00f3 que la petici\u00f3n de la defensa es absolutamente desproporcionada y que la forma en la que pretenden obtener recursos para costear un despacho privado no tiene precedente legal.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior, ya que tanto Maduro como Cilia Flores, de forma individual, as\u00ed como el gobierno de Venezuela, son entidades m\u00faltiplemente sancionadas por el Departamento del Tesoro, a trav\u00e9s de la Oficina de Control de Activos (OFAC), lo que les impide realizar cualquier tipo de operaci\u00f3n financiera en jurisdicci\u00f3n estadounidense, y tambi\u00e9n impide que terceros lo hagan con ello.<\/p>\n\n\n\n
En casos en que una persona f\u00edsica sancionada enfrente un proceso penal y desee hacerlo a trav\u00e9s de un abogado privado, la OFAC autoriza licencias excepcionales para ello, lo que en este caso ya ocurri\u00f3, explic\u00f3 el fiscal. Sin embargo, esa autorizaci\u00f3n es para que Maduro lo haga con recursos personales o propios, no con dinero de otro ente que tambi\u00e9n est\u00e1 sancionado, como en este caso es el gobierno de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa OFAC ha concedido a los acusados (Maduro y Flores) una excepci\u00f3n a dichas sanciones: la autorizaci\u00f3n para utilizar sus fondos personales (y conjuntos) para el pago de sus honorarios de abogados. No obstante, la OFAC ha denegado la petici\u00f3n de los acusados de una excepci\u00f3n adicional: permitirles pagar sus honorarios legales mediante un fondo reservado controlado por un gobierno sancionado. Esto se debe a que la normativa de la OFAC proh\u00edbe expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de abogados de otra persona sancionada distinta\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa denegaci\u00f3n de tal solicitud por parte de la OFAC no implica, como alegan los acusados, que el gobierno haya interferido con el derecho a la asistencia letrada de los acusados ni que haya vulnerado sus derechos al debido proceso. Las mociones de desestimaci\u00f3n deben ser denegadas\u201d se\u00f1ala Clayton en su escrito.<\/p>\n\n\n\n
\u00abMaduro no es presidente\u00bb<\/p>\n\n\n\n
Otro argumento vertido por el fiscal en su respuesta a la moci\u00f3n de la defensa es que el gobierno de los Estados Unidos tampoco reconoce a Nicolas Maduro como presidente de dicho pa\u00eds y, por ende, no deber\u00eda ser beneficiario de los recursos p\u00fablicos provenientes de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n
Cabe se\u00f1alar que en su escrito la defensa de Maduro present\u00f3 un oficio de un abogado adscrito a la oficial del fiscal general de ese pa\u00eds, en donde se establece que el gobierno de Venezuela est\u00e1 obligado a costear los honorarios de defensa de sus servidores p\u00fablicos ante cualquier conflicto internacional. Cosa que en el caso de Maduro era aplicable, pues se trataba del presidente.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, Clayton aclar\u00f3, primero, que dicho escrito no cita cu\u00e1l es el supuesto marco legal en Venezuela que especifica esa obligaci\u00f3n; segundo, dijo, c\u00f3mo es que eso ser\u00eda aplicable a la jurisdicci\u00f3n estadounidense. Pero m\u00e1s importante, agreg\u00f3, es que Estados Unidos no reconoce a Maduro ni al r\u00e9gimen que encabez\u00f3 como v\u00e1lido y, por tanto, tampoco su estatus de servidor p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAl menos desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos, los acusados no tendr\u00edan derecho a ning\u00fan beneficio leg\u00edtimo del gobierno venezolano, ya que no eran funcionarios ni empleados leg\u00edtimos de Venezuela. Esto es as\u00ed independientemente de si los acusados cre\u00edan ser los gobernantes leg\u00edtimos de Venezuela\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abDado que los acusados deb\u00edan saber que el gobierno de los EU los consideraba ileg\u00edtimos, no pod\u00edan haber esperado razonablemente que dicho gobierno creara una excepci\u00f3n a un r\u00e9gimen de sanciones de aplicaci\u00f3n general, uno de cuyos prop\u00f3sitos era precisamente expulsarlos del poder ileg\u00edtimo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En una nota citada al pie del documento, se subray\u00f3 que, el pasado 10 de marzo, el Departamento de Estado reconoci\u00f3 formalmente a Delcy Rodr\u00edguez como la \u00fanica mandataria en funciones de Venezuela, mientras que el desconocimiento de Maduro prevalece sin cambios.<\/p>\n\n\n\n
Piden que le asignen abogado de oficio<\/p>\n\n\n\n
En su escrito, el fiscal, finalmente, argument\u00f3 que la pretensi\u00f3n del abogado privado de Maduro de que todo el proceso sea cancelado por violaciones a su derecho es desproporcionado. En cambio, sostuv\u00f3 que debe realizarse un estudio de las finanzas de Maduro y Flores para verificar si, en efecto, no cuentan con recursos personales para costear su defensa.<\/p>\n\n\n\n
En caso de que no tengan ese dinero al alcance, la soluci\u00f3n propuesta por los fiscales es que sea la Corte la que asigne a un despacho de abogados para llevar la representaci\u00f3n legal sin costo para el acusado, como ocurre en m\u00faltiples casos m\u00e1s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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