El gobierno de los Estados Unidos se opuso formalmente ante una Corte Federal a la intención del ex presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, de pretender costear su defensa privada con recursos públicos del gobierno de dicho país, y pidieron al juez que, en caso de no contar con dinero personal suficiente, se le asigne un abogado de oficio.
Lo anterior fue manifestado a través de un escrito con el que el Departamento de Justicia respondió oficialmente a la moción que presentó el abogado privado de Maduro, Barry Pollack, en la que pedía que el caso contra el ex presidente sea cancelado, argumentando violaciones al derecho fundamental a una defensa adecuada.
En el extenso oficio de 42 páginas, el fiscal en Jefe del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló que la petición de la defensa es absolutamente desproporcionada y que la forma en la que pretenden obtener recursos para costear un despacho privado no tiene precedente legal.
Lo anterior, ya que tanto Maduro como Cilia Flores, de forma individual, así como el gobierno de Venezuela, son entidades múltiplemente sancionadas por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC), lo que les impide realizar cualquier tipo de operación financiera en jurisdicción estadounidense, y también impide que terceros lo hagan con ello.
En casos en que una persona física sancionada enfrente un proceso penal y desee hacerlo a través de un abogado privado, la OFAC autoriza licencias excepcionales para ello, lo que en este caso ya ocurrió, explicó el fiscal. Sin embargo, esa autorización es para que Maduro lo haga con recursos personales o propios, no con dinero de otro ente que también está sancionado, como en este caso es el gobierno de Venezuela.
“La OFAC ha concedido a los acusados (Maduro y Flores) una excepción a dichas sanciones: la autorización para utilizar sus fondos personales (y conjuntos) para el pago de sus honorarios de abogados. No obstante, la OFAC ha denegado la petición de los acusados de una excepción adicional: permitirles pagar sus honorarios legales mediante un fondo reservado controlado por un gobierno sancionado. Esto se debe a que la normativa de la OFAC prohíbe expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de abogados de otra persona sancionada distinta».
«La denegación de tal solicitud por parte de la OFAC no implica, como alegan los acusados, que el gobierno haya interferido con el derecho a la asistencia letrada de los acusados ni que haya vulnerado sus derechos al debido proceso. Las mociones de desestimación deben ser denegadas” señala Clayton en su escrito.
«Maduro no es presidente»
Otro argumento vertido por el fiscal en su respuesta a la moción de la defensa es que el gobierno de los Estados Unidos tampoco reconoce a Nicolas Maduro como presidente de dicho país y, por ende, no debería ser beneficiario de los recursos públicos provenientes de Venezuela.
Cabe señalar que en su escrito la defensa de Maduro presentó un oficio de un abogado adscrito a la oficial del fiscal general de ese país, en donde se establece que el gobierno de Venezuela está obligado a costear los honorarios de defensa de sus servidores públicos ante cualquier conflicto internacional. Cosa que en el caso de Maduro era aplicable, pues se trataba del presidente.
Sin embargo, Clayton aclaró, primero, que dicho escrito no cita cuál es el supuesto marco legal en Venezuela que especifica esa obligación; segundo, dijo, cómo es que eso sería aplicable a la jurisdicción estadounidense. Pero más importante, agregó, es que Estados Unidos no reconoce a Maduro ni al régimen que encabezó como válido y, por tanto, tampoco su estatus de servidor público.
“Al menos desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos, los acusados no tendrían derecho a ningún beneficio legítimo del gobierno venezolano, ya que no eran funcionarios ni empleados legítimos de Venezuela. Esto es así independientemente de si los acusados creían ser los gobernantes legítimos de Venezuela».
«Dado que los acusados debían saber que el gobierno de los EU los consideraba ilegítimos, no podían haber esperado razonablemente que dicho gobierno creara una excepción a un régimen de sanciones de aplicación general, uno de cuyos propósitos era precisamente expulsarlos del poder ilegítimo”.
En una nota citada al pie del documento, se subrayó que, el pasado 10 de marzo, el Departamento de Estado reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como la única mandataria en funciones de Venezuela, mientras que el desconocimiento de Maduro prevalece sin cambios.
Piden que le asignen abogado de oficio
En su escrito, el fiscal, finalmente, argumentó que la pretensión del abogado privado de Maduro de que todo el proceso sea cancelado por violaciones a su derecho es desproporcionado. En cambio, sostuvó que debe realizarse un estudio de las finanzas de Maduro y Flores para verificar si, en efecto, no cuentan con recursos personales para costear su defensa.
En caso de que no tengan ese dinero al alcance, la solución propuesta por los fiscales es que sea la Corte la que asigne a un despacho de abogados para llevar la representación legal sin costo para el acusado, como ocurre en múltiples casos más.