El Partido Acción Nacional (PAN) exigió este miércoles la realización de un peritaje externo, autónomo e internacional sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, al considerar insuficiente y sesgado el informe preliminar de la Fiscalía General de la República (FGR), que atribuyó el siniestro a un presunto exceso de velocidad del operador.
En un posicionamiento público, el PAN sostuvo que el gobierno federal pretende cerrar el caso responsabilizando únicamente al maquinista, mientras omite advertencias técnicas y auditorías —incluidas observaciones documentadas desde 2019— que alertaban sobre fallas estructurales, uso de materiales de baja calidad y deficiente supervisión de la obra.
El coordinador del grupo parlamentario, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que el caso refleja un patrón de impunidad institucional. “Cuando hay auditorías ignoradas y advertencias técnicas documentadas y aun así se decide operar, no estamos ante un error humano aislado, sino ante negligencia institucional. La Fiscalía no puede clausurar el expediente con una exoneración anticipada; debe llegar a los responsables políticos y administrativos que autorizaron el proyecto conociendo los riesgos”, dijo.
La diputada Diana Gutiérrez advirtió que el informe rompe con estándares mínimos de justicia al no incorporar auditorías previas y concentrar responsabilidades en “el eslabón más débil”. A su vez, el diputado Héctor Saúl Téllez consideró inaceptable que la indagatoria permanezca en manos de instancias con posibles conflictos de interés y demandó un peritaje “completamente externo e independiente”, además de la comparecencia de los mandos responsables de la ejecución y supervisión del proyecto.
Por su parte, el diputado Federico Döring acusó a la Fiscalía de “defender al poder” y llamó a adoptar estándares internacionales de investigación ferroviaria. “En otros países, las tragedias se investigan a fondo, se sanciona a los responsables y se garantiza la reparación del daño”, subrayó.
Acción Nacional reiteró su solidaridad con las familias afectadas y sostuvo que la tragedia “no fue un accidente fortuito, sino una tragedia anunciada por corrupción y negligencia”. Advirtió que el caso no puede resolverse con “informes a medias ni culpables convenientes”, sino con verdad, responsabilidades penales y garantías reales de no repetición.