El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hernán de la Garza Tamez, informó que los jueces de Reynosa que modificaron medidas cautelares en casos de extorsión no incurrieron en responsabilidad alguna, de acuerdo con la conclusión de la Visitaduría Judicial tras una investigación solicitada por el Congreso del Estado.
“Las determinaciones que adoptaron se apegaron a derecho y a las circunstancias planteadas por la defensa, del Ministerio Público y del abogado victimal”, explicó De la Garza, en referencia a los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, quienes fueron señalados por presuntamente no salvaguardar la integridad de las víctimas.
En el caso del juez Rocha Sánchez, el dictamen de la Secretaría de Seguridad Pública indicaba que los imputados eran de bajo riesgo, y no hubo objeción del Ministerio Público, lo que respaldó la decisión judicial. En el caso de Luna Casados, aunque sí hubo debate, la defensa presentó elementos probatorios suficientes para justificar el cambio de medida cautelar.
“La Visitaduría Judicial determinó que ambos jueces actuaron conforme a derecho”, reiteró el presidente del Poder Judicial, subrayando el respeto a los principios que rigen la institución.
Por otro lado, Hernán de la Garza confirmó que continúa la investigación contra la jueza Roxana Ibarra Canul, del Cuarto Juzgado de lo Familiar en Altamira, por presuntas irregularidades en juicios de custodia de menores. Tres visitadores especiales fueron asignados al caso, que será resuelto por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
“Yo sí he advertido irregularidades, pero no se puede prejuzgar. Las investigaciones están en curso y será el Tribunal el que determine lo conducente”, señaló, recordando que la jueza fue electa nuevamente el pasado 1 de junio y rendirá protesta el próximo 1 de octubre.
Hernán de la Garza reafirmó el compromiso del Poder Judicial de Tamaulipas con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
LA EXHIBIDA DE LOS DIPUTADOS DE MORENA DE TAMAULIPAS
El pasado 11 de agosto, en sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con el propósito de exhortar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado a que investigue la actuación de dos jueces adscritos a la región de Reynosa, por su intervención en resoluciones judiciales en causas penales relacionadas con el delito de extorsión.
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Prieto Herrera subrayó que el objetivo central del exhorto es salvaguardar el Estado de derecho, la seguridad pública y los derechos de las víctimas, señalando que las recientes resoluciones judiciales, al modificar medidas cautelares previamente dictadas, representan un riesgo latente para la ciudadanía y la economía local.
“En los casos referidos existe una preocupación fundada de que las resoluciones no ponderaron adecuadamente la reincidencia, la peligrosidad y el impacto social del delito”, resaltó el legislador.
Prieto Herrera señaló que los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados resolvieron modificar la medida de prisión preventiva en dos causas penales por delitos de extorsión agravada, imponiendo en su lugar medidas menos restrictivas, como la presentación periódica, garantías económicas mínimas y restricciones de acercamiento, sin valorar plenamente el riesgo para las víctimas ni la gravedad de los hechos.
Los casos involucrados están relacionados con las empresas FLOWSTER, AUTOCLIMAS MATEO y JGHT, en los que los presuntos responsables fueron liberados tras decisiones judiciales cuestionadas.
El legislador agregó que la extorsión, especialmente bajo la modalidad de “cobro de piso”, ha tenido un impacto devastador en municipios fronterizos como Reynosa, afectando de manera directa a comerciantes, empresarios y trabajadores independientes, además de inhibir el desarrollo económico y social.
“Nuestra responsabilidad no se limita a crear y reformar leyes; también comprende señalar, denunciar y actuar frente a resoluciones que, por su impacto, puedan poner en riesgo a la ciudadanía o contravenir el espíritu de la norma”, subrayó.
Finalmente, ese 12 de agosto, las diputadas y diputados integrantes de la Diputación Permanente aprobaron por unanimidad el proyecto resolutivo, caso en que este 21 de septiembre, el STJE no les dio la razón.