En Tamaulipas, la trata de personas y la distribución de pornografía infantil son delitos que se expanden globalmente en silencio y de los que se habla poco.
Sin embargo, las autoridades han encendido las alertas luego de que se han descubierto más de siete grupos en redes sociales, así como aplicaciones telefónicas con más de nueve mil suscriptores que consumen videos, fotografías y contratan servicios sexuales de menores de edad, aunque en lo que va del año solo hay dos detenidos relacionados con estos casos.
En 2024, una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público Federal alertó sobre un grupo en redes sociales y aplicaciones de teléfono donde se ofrecía a menores de edad para sostener relaciones sexuales a cambio de dinero.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) inició las indagatorias y logró ubicar al administrador de al menos siete grupos donde se habían distribuido 18 mil 742 fotografías y tres mil 72 videos a poco más de cinco mil pedófilos que pagaban sumas de dinero por obtener el material.
Los investigadores cibernéticos detectaron que el epicentro de la operación estaba en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, la cual en los últimos años había sido noticia nacional por los problemas en su penal estatal, pero también porque el mapa delincuencial de las corporaciones de seguridad establece la presencia de varias células del crimen organizado.
Una ciudad de burócratas, a la que el gobierno local busca dar otro giro económico, pero no lo ha conseguido, ya que la escasez de agua lo complica todo.
Las autoridades comprobaron que la red de distribución también ofrecía a menores de edad para encuentros sexuales.
Esta evidencia fue presentada por el Ministerio Público Federal ante un juez de control, quien autorizó un cateo en una vivienda ubicada en el fraccionamiento residencial Santa Regina, una zona donde las casas alcanzan hasta ocho millones de pesos, aunque desde hace poco algunos residentes han puesto en venta sus propiedades por debajo del valor real, incluso por un millón 600 mil pesos.
Los investigadores también lograron rastrear las cuentas bancarias donde llegaban los depósitos de los pedófilos, con lo cual obtuvieron el nombre de un responsable y el sitio desde donde operaba.
El 26 de agosto de 2024, un operativo de la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional desplegó un cerco en varias calles del fraccionamiento, para sorpresa de los vecinos.
Con la autorización del juez, ingresaron al domicilio y aseguraron diversos dispositivos electrónicos como celulares, consolas de videojuegos, tabletas y computadoras, además de varias tarjetas bancarias presuntamente utilizadas para recibir los depósitos por la compra del material pornográfico.
También localizaron a un hombre, quien quedó detenido, así como elementos balísticos, entre ellos un arma larga, cargadores y cartuchos útiles.
La información corrió como pólvora en una sociedad acostumbrada a normalizar la presencia del crimen organizado, pero poco familiarizada con el delito de trata de personas y aún menos con las redes dedicadas a la prostitución y pornografía infantil.
El entonces vocero de Seguridad de Tamaulipas salió a aclarar la situación e indicó que había una investigación en curso para ubicar a todos los implicados.
Sin embargo, nada se supo de esa red hasta este jueves 21 de agosto de 2025, cuando un operativo mixto de fuerzas federales realizó la detención de Juan Antonio “R”, identificado como parte de una red de distribución de pornografía infantil, sobre quien ya existía una orden de aprehensión.
De nueva cuenta, las investigaciones de la Policía Federal Ministerial se desarrollaron en Ciudad Victoria, aunque esta vez las líneas de investigación llevaron a un domicilio en la colonia Miguel Alemán, un sector de clase media con un índice delictivo considerado “normal”.
Al hombre se le acusa de estar relacionado con la distribución de pornografía infantil en varios grupos de redes sociales, donde vendía material a 4 mil 477 pedófilos.
Se le imputa haber participado en la difusión de 10 mil 259 fotos y 1 mil 531 videos. El delito que se le atribuye es trata de personas en su modalidad de beneficiarse de la explotación pornográfica de menores de edad.