La reciente campaña del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), transmitida en canales de televisión mexicanos, ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y el control informativo en México.
El pasado 22 de abril, millones de televidentes vieron un anuncio protagonizado por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., en el que se lanza una advertencia directa contra quienes pretendan migrar ilegalmente hacia ese país.
Este hecho ha sido el catalizador de una fuerte discusión política en torno a la posible reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Diversos actores y partidos han señalado que el proyecto, impulsado desde el gobierno federal, podría representar un riesgo real para las libertades fundamentales, al dotar al Ejecutivo de mecanismos para controlar el flujo de información en medios y plataformas digitales.
José Alfonso Rodríguez, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Querétaro, catedrático universitario y expresidente de la Barra Queretana de Abogados, criticó duramente la propuesta y afirmó que se trata de una medida con alto contenido autoritario.
“Esta iniciativa de ley, como todas las que recientemente se han aprobado, se ha cocinado en Palacio»
Entre otras cosas preocupantes, el artículo 109 del proyecto establece que las autoridades competentes —que ni siquiera están bien definidas— podrán solicitar el bloqueo de plataformas digitales con la colaboración de una nueva agencia de transformación digital”, advirtió.
En este sentido, Rodríguez también alertó sobre el uso político de este mecanismo en manos del gobierno. “La presidenta Sheinbaum tendría a su favor una herramienta más de control político, aparte de las muchas que ya tiene, entre ellas el Poder Judicial. Podría hacer uso de ésta para silenciar críticas o bloquear voces disidentes”, señaló.
Otro aspecto que preocupa, según el líder municipal de Movimiento Ciudadano, es la institucionalización del espionaje y la persecución en el entorno digital. “Se destaca la posibilidad de institucionalizar el espionaje oficial de una manera indiscriminada. Atentar contra la libertad de expresión es atentar contra lo más elemental. No hay que perder de vista que hay gente que dio la vida por ser libre”, expresó.
Rodríguez concluyó que limitar el derecho a disentir representa una amenaza directa al orden democrático al considerar que “limitar la posibilidad de disentir no es alterar el orden social, es destruirlo, es menoscabar al ser humano a favor de un sistema autoritario”.
Cabe señalar que el artículo 109 del proyecto de reforma establece que “Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicadas”.
Esta redacción ha sido interpretada por organizaciones civiles y opositores como una puerta abierta al uso discrecional del poder para restringir el libre flujo de información en el país.