Después de señalar irregularidades por más de 13 mil 500 millones de pesos en las cuentas públicas del 2023, el auditor superior del estado, Francisco Noriega Orozco advirtió que quienes no solventen las observaciones a sus manejos de recursos a más tardar el 22 de abril, corren el riesgo de ir a la cárcel.
Informó que tienen de plazo hasta esa fecha para aclarar cómo se gastaron los recursos públicos o devolverlos; luego viene un plazo de 122 días para que el organismo de fiscalización se pronuncie sobre lo presentado.
De continuar en el estado que se encuentran, los expedientes serán turnados al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Anticorrupción, dependiendo la gravedad de las faltas, por las cuales los presuntos responsables podrán alcanzar sanciones de prisión, dijo.
El auditor considera complejo que se solventen las observaciones en el citado plazo, si ya se dispuso de todo un año para ello y no se hizo, por lo que será el área jurídica de la ASE quien documente la falta de evidencia en la ejecución del gasto, una vez agotado el procedimiento en curso.
En sus informes de resultados, indicó que la administración municipal de Matamoros tuvo en 2023 observaciones por 558.1 millones de pesos, seguido de El Mante por $486.7 millones, Victoria $438.9 millones y Altamira $294.5 millones.
Después aparecen Río Bravo con $262 millones, Tampico $236.9 millones, Reynosa $217.5 millones, Madero $211 millones, Soto La Marina $165.1 millones y Camargo $55.1 millones, entre los primeros diez con mayor monto por aclarar.
Los 43 gobiernos locales tuvieron observaciones por $3 mil 427 millones 823 mil 606.66. Por lo que respecta a las Comapas, DIF´s y organismos públicos municipales, alcanzaron una cifra por 8 mil 038 millones 026 mil 999.22 pesos y en los Poderes estatales fue superior a $2 mil mdp.
El auditor expuso que cualquier alcalde o funcionario público que no solvente observaciones puede enfrentar desde destitución del cargo hasta consecuencias penales donde se ven obligados a resarcir daños y terminar en prisión.
Destacó que se vive un “punto de quiebre” en rendición de cuentas en Tamaulipas, pues hay múltiples pliegos de observaciones señalando probables quebrantos al erario y promoción de responsabilidad administrativa.
Subrayó que ya la Auditoría Superior del Estado promovió el año pasado 45 denuncias penales por manejos irregulares, mientras del 2016 al 2024 apenas se interpusieron 23, porque las revisiones carecían de profundidad y las observaciones eran mínimas.
El auditor resaltó que las auditorías de ahora no son de “chocolate” como antes, que se derretían fácilmente ante cualquier prueba. Reiteró fue un gran hallazgo descubrir que su antecesor en el cargo, no estaba fiscalizando la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera.
Precisó que 121 mil 500 millones de pesos fue el universo de recursos públicos, del cual se extrajo una muestra para fiscalizar conforme a técnicas de auditoría y contabilidad gubernamental.
Insistió que las principales faltas son la ausencia de documentación comprobatoria o justificativa, ingresos con inconsistencias, pago de nómina sin documentación soporte, no escrito de conflicto de interés y contratación de adquisiciones o servicios sin apego a la normatividad, entre lo más recurrente.
En cuanto a las entidades con mayor monto por aclarar, citó la pasada administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto del Deporte, el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas y la Universidad Tecnológica de Matamoros.
Entre las Comapas, la del Sur, Río Bravo y Padilla son las que presentaron el mayor monto observado, esperando el auditor que con las reformas realizadas en la administración, se pueda tener un mejor control financiero.
“Esperemos que el Tribunal de Justicia Administrativa lleve el debido proceso para sancionar a todos los funcionarios públicos responsables”, demandó Francisco Noriega, y pidió que antes de que los implicados argumenten persecución, volteen a ver el trabajo de sus tesoreros.
La semana pasada, MILENIO Tamaulipas informó que se habían detectado irregularidades por casi 13 mil 500 millones de pesos en la cuenta pública 2023 en los Poderes, organismos públicos y gobiernos municipales.
Se emitieron a los municipios 2 mil 451 promociones de responsabilidad administrativa, 878 pliegos de observación, 82 recomendaciones y una solicitud de aclaración.