Con 25 votos a favor de Morena, PT y PVEM, tres del PRI en contra y cuatro abstenciones del PAN y del morenista Manuel Espino salieron adelante en la Comisión de Seguridad Ciudadana los dictámenes de las dos leyes secundarias que en la materia envió la presidenta de la República.
Ambos decretos de reforma serán sometidos al respaldo del pleno de la Cámara de Diputados este jueves, después de un debate en el que la oposición, según adelantaron legisladores panistas y de la bancada naranja, presentarán modificaciones para evitar el mal uso de los datos biométricos y telefónicos y garantizar el carácter civil de las plataformas y registros que habrán de crearse.
Se trata de la iniciativa que reforma la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y de la que crea la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
En la reunión de casi dos horas, la presidenta de la Comisión, la morenista Jéssica Saiden, anunció de la presencia de David Boing, responsable jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, quien atestiguó el debate.
Destacó la intervención del diputado Manuel Espino Barrientos (Morena), exfuncionario estatal en seguridad, quien explicó que su voto en abstención era porque en el caso de la ley que crea el sistema de inteligencia observa un trabajo “precipitado y deficiente”.
Al aclarar que más que un reproche era una observación, el exdirigente nacional del PAN sostuvo que “el bien mal hecho es peor que el mal porque mata la esperanza, el optimismo y aniquila los buenos propósitos”.
A juicio del diputado Espinosa Barrientos no queda claro el concepto de inteligencia en el dictamen correspondiente e insistió que, si bien valía la pena, estaba incompleto. “Me abstuve, no porque esté en contra, sino porque corremos el riesgo de que lo que nació con buena intención termine en problemas de corrupción”, advirtió.
La autoridad demanda determinación y firmeza
En contraste, otro exsecretario de Seguridad, el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, alegó que por capacidad de infiltración criminal, la autoridad demanda determinación y firmeza, “no enviarles flores ni requerimientos”.
Expuso el petista que ante “una verdadera amenaza para el orden constitucional” resulta válido aplicar medidas de excepción, y consideró indispensable que la Secretaría de Omar García Harfuch cuente con las bases de datos de instituciones públicas y privadas para ir en contra de los delincuentes, como estas reformas lo permitirán.
“¿De qué sirve tener un policía excepcional, si no tiene las herramientas? Consideramos que con todos estos registros van a poderse generar mapas de riesgo y pruebas que se puedan judicializar en el orden penal”, expuso Mejía Berdeja.
Y es que priistas y panistas alertaron sobre los riesgos de violaciones a los derechos humanos que estas reformas podrían implicar. Pero mientras los primeros afirmaron que su voto en contra es porque estas leyes profundizan la militarización del país, los segundos plantearon que se abstenían en tanto no se resolvieran asuntos de fondo como la violación del derecho a la privacidad-
El diputado César Damián (PAN) cuestionó que la futura ley nada plantea para los centros penitenciarios donde se generan, dijo, muchas extorsiones. “No es restringiendo derechos como vamos a lograr seguridad”, alertó.
En el debate se recordó que el registro de telefonía y de datos biométricos fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2021 con el voto de los 11 ministros, incluyendo quienes ahora se auto adscriben como morenistas.