El Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas analiza al menos 20 expedientes que involucran a servidores públicos acusados de desvío de recursos y otras faltas administrativas graves.
Estos expedientes provienen de la Contraloría del estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de diversos ayuntamientos. Incluso, se incluye un caso relacionado con el proceso de entrega-recepción entre administraciones.
El magistrado presidente, Edgar Uriza Alanís, informó que los expedientes llevan entre tres y cuatro meses. La resolución de los casos depende de la complejidad de cada uno; aquellos sin pruebas adicionales se resuelven en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, la presentación de recursos, incidentes o la necesidad de desahogar pruebas puede prolongar el proceso.