Ante los hechos de inseguridad ocurridos en la frontera de Tamaulipas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Reynosa exigió al gobierno acciones concretas y asignación transparente de recursos para el área de seguridad pública. Señalaron que ellos cumplen con su aportación pero ésta no se ve reflejada en mejores equipos y capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.
«Es fundamental destacar que el sector empresarial ha cumplido con su parte al aportar 1,600 millones de pesos anuales correspondiente al 1% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en 2024, un recurso que en teoría debería estar destinado exclusivamente a compartir la inseguridad. Sin embargo la realidad es que estos fondos no se han traducidos en mejoras significativas de equipamiento mantenimiento y capacidad operativa de nuestras corporaciones policiales».
Refirieron que persisten las carencias en patrullas, tecnología y recursos humanos en materia de seguridad y no se corresponde a las urgentes necesidades de la ciudadanía.
Por ello exigen al gobierno estatal que se cree un fondo específico y transparente que asegure que los recursos son utilizados exclusivamente para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y brindar resultados tangibles a la ciudadanía.
«Exigimos la creación de un fondo estatal específico y transparente para la seguridad pública que garantice que los recursos del 1% del ISN se han asignados de manera proporcional a los municipios que más lo necesitan y en proporción a lo que aportan. Es fundamental establecer un mecanismo claro eficiente y verificable que asegure que estos fondos».
Subrayaron que el sector empresarial cumple puntualmente con sus contribuciones, por lo que el gobierno debe ser recíproco.
«Es momento de que las autoridades correspondan con su parte. Requerimos acciones inmediatas, recursos suficientes y una estrategia integral que nos permita recuperar la paz y la tranquilidad que merecemos».
Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa añaden que «la seguridad no es un privilegio es un derecho fundamental que debe ser garantizado por quienes tienen la responsabilidad constitucional de protegernos».