Apple acordó pagar 95 millones de dólares como respuesta a una demanda colectiva de 2019 que la acusa de violar la privacidad de los usuarios al grabar y escuchar conversaciones privadas mediante su asistente de voz Siri.
La demanda surgió en 2019, tras conocerse que, mediante un sistema de control de calidad para el asistente Siri, varios empleados de Apple escuchaban conversaciones privadas entre usuarios y el asistente para evaluar su funcionamiento.
Los empleados señalaron en ese momento que entre los audios analizados se incluía información privada y sensible, como discusiones entre doctores y pacientes, acuerdos de negocios, acuerdos criminales e, incluso, encuentros sexuales.
Esto llevó a Apple a reconocer que un equipo de empleados revisaba las interacciones con el asistente y evaluaba su proceso de calidad, que fue interrumpido temporalmente. Posteriormente, la tecnológica introdujo una actualización para mejorar la privacidad de Siri, permitiendo a los usuarios decidir si querían participar en el proceso de evaluación de calidad. También aseguró que ya no conservaría grabaciones de audio de las interacciones con Siri.
Sin embargo, la demanda colectiva continuó, y algunos usuarios afectados señalaron que, aunque se requiere pronunciar una palabra de activación para iniciar la escucha de Siri, el asistente se activaba accidentalmente con frecuencia, lo que permitía escuchar conversaciones privadas, según recogió The Verge.
Cinco años después, Apple resolvió la demanda con el pago de 95 millones de dólares (alrededor de 92 millones de euros al cambio) entre los usuarios afectados. En caso de aprobarse, el acuerdo aplicará a usuarios estadounidenses que compraron un dispositivo de Apple con Siri habilitado entre el 17 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2024.
El documento del acuerdo especifica que los usuarios que deseen recibir esta compensación deberán asegurar que activaron Siri de forma accidental durante una conversación privada. Los 95 millones de dólares se repartirán de forma prorrateada según la cantidad de reclamaciones, permitiendo un máximo de 20 dólares por dispositivo.
Está previsto que el próximo 14 de febrero se celebre una audiencia judicial para revisar los términos del acuerdo y aprobarlo de forma definitiva en el tribunal de distrito norte de California (Estados Unidos), presidido por el juez Jeffrey White.
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N. de la R. El caso de Apple y Siri es un ejemplo relevante en el debate sobre la privacidad de los usuarios y la gestión de datos por parte de grandes empresas tecnológicas. A continuación, algunos puntos adicionales que complementan la nota:
Impacto en la imagen de Apple: Este caso puso en entredicho la reputación de Apple como defensora de la privacidad, una bandera que la empresa ha ondeado en varias campañas publicitarias. Aunque la empresa tomó medidas correctivas en 2019, la demanda muestra que los consumidores aún desconfían de las prácticas de recopilación de datos.
Función de revisión por humanos: No solo Apple ha enfrentado controversias similares; otras empresas como Amazon (Alexa) y Google (Google Assistant) también fueron criticadas por el uso de empleados para revisar grabaciones de sus asistentes de voz. Este tipo de programas de calidad plantea dudas sobre la transparencia en el manejo de datos sensibles.
Distribución del fondo: Según los detalles del acuerdo, el monto máximo de 20 dólares por dispositivo podría reducirse significativamente si el número de reclamos es alto, ya que el fondo de compensación es fijo.
Actualización de privacidad: La actualización introducida por Apple permite a los usuarios decidir si desean compartir sus grabaciones para mejorar Siri. Esta función se encuentra en Configuración > Privacidad > Análisis y mejoras, y puede activarse o desactivarse en cualquier momento.
Procedimientos judiciales futuros: La audiencia del 14 de febrero de 2025 será crucial para determinar si el acuerdo se aprueba. Esto incluirá evaluaciones sobre la idoneidad de la compensación, los términos del acuerdo y la aceptación por parte de los demandantes.
Este caso subraya la importancia de un marco regulatorio claro que exija a las empresas ser más transparentes sobre el manejo de datos de los usuarios y reforzar la privacidad como un derecho fundamental en la era digital.