A pesar de contar con los votos suficientes de los Congresos estatales, hay cuatro reformas constitucionales que todavía no son una realidad, porque o no se ha hecho su declaratoria de validez por parte del Congreso de la Unión o porque no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que sus efectos se retrasaron.
La reforma constitucional para fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue declarada válida por el Congreso de la Unión desde el 27 de noviembre, pero todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Lo mismo pasa con la reforma constitucional en materia de aumento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues fue declarada válida el 3 de diciembre y aún no se ha publicado.
Los cambios constitucionales para que el salario mínimo aumente cada año al menos en el mismo porcentaje que la inflación anual tiene ya el voto aprobatorio de 31 entidades federativas, pero ni el Senado ni la Cámara de Diputados han hecho la declaratoria de validez.
Y la referente a prohibir los vapeadores desde la Constitución ya tiene 23 votos aprobatorios de Congresos estatales, pero los logró después de que ambas Cámaras del Congreso de la Unión cerraron el periodo ordinario de sesiones y en su sesión de instalación, la Comisión Permanente no hizo la declaratoria de validez.
Cada una de estas reformas tiene puntos de controversia que se discutieron en las Cámaras.
Para el caso de la llamada supersecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la reforma incluye que “los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo”.
Son tres los fondos con dinero federal que se entregan a estados y municipios.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) distribuyó este año un total de nueve mil 201 millones 670 mil 196 pesos. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejerce distribuye en este año 116 mil 967 millones 47 mil 652 pesos y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública tuvo una bolsa concursable de 64 millones 818 mil 178 pesos.
Dado que se trata de dinero de la federación, la ASF se encarga de verificar el uso que se hace en los estados y municipios de todo el dinero que se les entrega por medio de estos fondos, pero ahora también lo hará la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Ordena que la Secretaría del ramo de seguridad pública formulará, “coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona de la presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
“Le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley.
“Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”, dispone.
La referente a la prisión preventiva, la reforma dice que las personas que compren, vendan, transporten, distribuyan, preparen, importen, exporten de forma ilegal drogas sintéticas como anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, mandrax, benzodiazepinas, fentanilo y derivados se convirtieron en delitos al que no aplica la presunción de inocencia, lo que provocará confusión y abuso de autoridad por el uso legal de estas sustancias, de acuerdo con los críticos de este cambio constitución.
La reforma que agrega al artículo 19 constitucional como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa la “extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados”.
Aunque el aumento al salario mínimo igual o por arriba de la inflación no afecta las finanzas del gobierno, porque recae en el sector privado, su no publicación retrasa esas disposiciones.
En proceso
Éstas son las cuatro reformas atoradas:
- La reforma constitucional para fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue declarada válida desde el 27 de noviembre, pero todavía no se ha publicado en el DOF.
- La enmienda referente al aumento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa fue declarada válida por el Congreso de la Unión el 3 de diciembre y aún no se ha publicado.
- La que estipula que el salario mínimo aumente cada año al menos en el mismo porcentaje que la inflación anual fue aprobada en 31 entidades federativas, pero no se ha declarado su validez.
- La que prohíbe los vapeadores ya tiene 23 votos aprobatorios de Congresos estatales, pero los logró después de que ambas Cámaras cerraron el periodo ordinario de sesiones.