La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara un auto de formal prisión en contra del exlíder del Cártel del Golfo y de su brazo armado “Los Zetas”, Osiel Cárdenas Guillén.
La FGR explicó que la resolución dictada por un juez en materia penal concedió al Ministerio Público el inicio del proceso penal contra Osiel Cárdenas por su presunta responsabilidad penal en el delito de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud.
De acuerdo con las indagatorias, Osiel Cárdenas ejercía el liderazgo del CDG y realizaba alianzas con miembros de otras bandas criminales para controlar el tráfico de drogas en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en las costas de Guerrero.
La FGR informó en un comunicado que el Ministerio Público de la Federación (MPF) compareció ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, con el fin de solicitar el auto de formal prisión en contra de Osiel Cárdenas, mismo que le fue otorgado, por lo que se inició el proceso penal en su contra.
Osiel Cárdenas Guillén se había declarado inocente por esta imputación, pero el juez valoró las pruebas y dio la razón a la FGR. El exlíder del CDG y creador de “Los Zetas” se encuentra recluido en el penal federal “Altiplano” ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Por lo anterior, Cárdenas Guillén fue notificado del auto de formal prisión en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) “Altiplano”
“Los Zetas” era un grupo delictivo que comenzó como brazo del CDG y terminó siendo uno de los cárteles más sanguinarios de México.
La propia FGR había advertido que Cárdenas Guillén contaba con tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada, contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Por estos delitos, el exlíder del CGD y “Los Zetas” podría alcanzar una pena aproximada de 730 años de prisión, más las penas que se le impongan por el proceso penal que le fue reactivado.