En Tamaulipas, de 273 indagatorias iniciadas durante 2023 por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Corrupción, ninguna llegó a manos de un juez, y por lo tanto, ni una sola se convirtió en un proceso penal.
Solo cuatro fueron “determinadas” pero ninguna judicializada, señaló el organismo Tojil en su Observatorio Ciudadano Anticorrupción; precisó que esta entidad y Guerrero, fueron las únicas con este resultado donde nadie resultó castigado.
Indicó que esas cuatro carpetas de investigación “determinadas” representaron tan solo el 1.5% de su universo de casos abiertos; sin embargo, no hubo vinculaciones a proceso ni sentencias durante todo ese año, tampoco acuerdos reparatorios, concluyendo que su desempeño fue deficiente.
La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas tuvo esos resultados a pesar de que su presupuesto se cuadruplicó y destacó con la mayor alza en los recursos asignados respecto al 2022, pues tuvo un incremento de más de 25 millones de pesos en 2023, para quedar en $33.2 millones.
Falta de ministerios públicos en Tamaulipas
No obstante, la institución pasó de ocho a cuatro ministerios públicos entre 2022 y 2023, de seis a nueve policías de investigación y se mantuvo con tres peritos. Tojil expuso que en algunos estados, para solventar el déficit de policías, los fiscales suelen recurrir a los elementos asignados a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero no es lo ideal porque ellos no siempre están especializados en delitos de corrupción y su disponibilidad limitada genera retrasos en las diligencias.
Con ese recurso humano, cada agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas atendió 68 carpetas de investigación; se tuvo un policía ministerial por cada 30 indagatorias abiertas y un perito por cada 91 nuevos casos.
En 2023, el fiscal Anticorrupción era Raúl Ramírez Castañeda, quien llegó al cargo desde el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca y se amparó para no ser removido en su función, hasta que finalmente presentó su renuncia el pasado 30 de septiembre y el Congreso del Estado designó a Jesús Eduardo Govea Orozco.
La Fiscalía a su cargo careció de un esquema organizacional para la gestión de casos y tampoco promovió acuerdos de colaboración mediante convenios con otras dependencias, teniendo una capacidad operativa limitada para manejar las indagatorias, lo que afecta la celeridad y calidad de las investigaciones.
En su marco jurídico y capital humano fue calificado como regular, en sus recursos y resultados deficiente. Le falta un reglamento interno, manual de procedimientos y protocolos de investigación, de audiencias, de protección de testigos, de entregas vigiladas, de operaciones encubiertas y lineamientos sobre criterios de oportunidad, entre otros.
El organismo no gubernamental concluyó que la falta de agentes del ministerio público, peritos y policías especializados continúa siendo uno de los puntos críticos en la estructura operativa para el combate a la corrupción.