Consejeras electorales advirtieron a diputados que, de no asignarles para 2025 al menos el monto ejercido en la jornada federal de este año, la elección judicial colocaría al Instituto Nacional Electoral (INE) en una crisis.
De manera que de los 13 mil 255 millones pesos solicitados originalmente para ese propósito, el INE estaría aceptando una merma de 4 mil millones de pesos que, según se alertó, implicará reducción de casillas y de actos de promoción de los aspirantes, entre otros aspectos.
Reunidas con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, las consejeras Norma de la Cruz y Rita Bell López pidieron que la reducción prevista por Morena al menos les permita contar con 9 mil millones de pesos para la renovación de jueces, ministros y magistrados en junio próximo.
Advirtieron las funcionarias electorales a los diputados que el recorte que pretenden realizar obligaría al INE a establecer centros de votación en lugar de casillas, como se hizo en la revocación de mandato en 2022.
En el presupuesto de 2024, el Instituto contó con 8 mil 802 millones de pesos para la organización de los comicios presidenciales y de ambas cámaras del Congreso Federal.
Aunque hace una semana anunció que participaría en este encuentro, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, canceló su asistencia de última hora, por lo que fueron De la Cruz y Bell López quienes comparecieron ante representantes de las seis diputaciones de San Lázaro.
¿CUÁNTO VALE LA LEGITIMIDAD?
En el inicio del encuentro, que duró dos horas con 20 minutos, las consejeras expusieron las razones de por qué para la primera parte de la renovación del Poder Judicial solicitaron más de13 mil millones de pesos.
De la Cruz dijo que no era para garantizar un proceso con los estándares con que los mexicanos vienen definiendo a sus representantes. “Aquí no es una cuestión de costos, de pesos o de valor; aquí es una cuestión de valores. Cuánto valora el Congreso de la Unión que el primer proceso del Poder Judicial se realice con todos los estándares que la ciudadanía está acostumbrada.
“No es caprichoso (…) Cuando nos dicen qué le pueden bajar…No, Congreso de la Unión, ustedes dígannos cuántos recursos consideran indispensables, necesarios para que el INE esté en condiciones de realizar un proceso con los estándares de calidad que la ciudadanía mexicana está acostumbrada. No es un asunto de pesos y centavos. Es un asunto del valor: ¿cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial”, definió la consejera.
Agregó De la Cruz que el grueso del gasto es de carácter operativo. “Lo que más asusta de este proceso judicial extraordinario que sí, es inédito, es que no ha pasado en otro lugar en el mundo”, porque en los países donde se elige a los jueces nunca se ha dado un proceso en el que se renueve a todo el poder. “No hay experiencias comparables ni en Bolivia, ni en Suiza ni en Japón, ni en Estado Unidos”, enumeró.
YA VEN RECORTE
Si bien las consejeras alegaron en un principio que el monto requerido tiene sustento técnico, al cierre de la reunión, ante la reiterada critica de los diputados de Morena, PT y PVEM de que están pidiendo una cantidad “exagerada” y la exigencia de que señalaran dónde aplicarían los recortes, la consejera Rita Bell les pidió que, si habrán de recortar, que sea lo menos posible.
Fue cuando alertó: “Si están pensando en reducir, que no sea una reducción drástica (…) Reducirlo más allá de lo que nos costó la elección del proceso de 2024, ya nos estaría poniendo en una crisis. Eso sí les pedimos que lo revisen. No podríamos ir más allá. Eso sería lo más mínimo”.
De La Cruz dijo que estaban organizando la elección “en condiciones adversas”, refiriéndose a “las amenazas y suspensiones” que se han girado contra el proceso. “Ya tenemos multas; ya dieron vista a la Fiscalía…”, ejemplificó.
La consejera Rita Bell secundó con ironía: “Nosotros podemos recudir… Hacemos una consulta infantil muy sencilla. Pero pues… los resultados…Al final vamos a legitimar a personas que van a impartir justicia, y ustedes tienen que decidir qué quitamos”.
Bell López expuso que una gran parte de los recursos solicitados por el INE serían para la capacitación y supervisión electoral que, remarcó, demanda mejor pago y que sea justo; advirtió que se trata de dar retribuciones competitivas en el mercado y que la oferta de personal resulta escasa. “El año pasado tuvimos muchas dificultades para la contratación; las personas no llegan corriendo a esos trabajos”, precisó.
Los diputados de Morena, PT y PVEM se centraron en preguntarles dónde habrían de recortarle al presupuesto, alegando falta de austeridad en el INE y de precisión en los gastos programados para 2025.
CONFUNDE 4T ELECCION FEDERAL CON LOCALES
En sus cuestionamientos a los gastos electorales, los representantes de la 4T señalaron que cómo era posible que pidieran más dinero, cuando en 2025 sólo se elegirá a 881 juzgadores, mientras en 2024 se renovaron 20 mil cargos.
Las consejeras se vieron en la necesidad de explicarle a los diputados que la elección federal se redujo a 629 cargos (presidenta, senadores y diputados), mientras que el resto fue responsabilidad de los órganos estatales porque se trataba de alcaldes, gobernadores y congresistas locales.
De la Cruz y Bell López también les advirtieron que un recorte a lo solicitado implicaría utilizar el modelo de la consulta popular, pasando de casillas a centros de votación.
E incluso Bell comentó que, en cuanto al material de las boletas, se podría sustituir el papel seguridad por papel bond. Pero les advirtió: “Cuando la ciudadanía en la calle señale que hay boletas impresas de otro lado, tachadas, o que no haya una forma de detectar si son falsas…”.
De la Cruz detalló: “Si hay una reducción, tendrá impacto si haremos debates o no, si habrá difusión, si concentramos el número de electores en una casilla (…) Podría tener un gran impacto y reducir, por ejemplo, si decimos que, en lugar de tener 170 mil casillas, tenemos 80 mil centros de votación; claro que eso va a tener un impacto como de 2 mil millones”, abundó.
REDUCIR CASILLAS Y CAPACITADORES
Se recordó que el presupuesto original pretendía contratar a 50 mil supervisores y capacitadores electorales, un rubro que se lleva buena parte del presupuesto y que, ante el ajuste a la baja que los diputados pretenden, también habría de reducirse.
El salario de los capacitadores es de alrededor de 12 mil pesos y el de los supervisores iría entre 15 mil y 17 mil.
Esos serían algunos de los rubros donde se aplicaría la reducción de los 4 mil millones de pesos.
Ejemplificaron las consejeras que los gastos en difusión resultan obligados porque al ser una elección inédita es necesario realizar una tarea pedagógica que exponga a la ciudadanía desde las diferencias entre un magistrado y un juez de distrito, hasta la información relacionada con los futuros aspirantes a los cargos, una tarea costosa en tanto ahora no se contará con el apoyo que los partidos dan cuando se de trata de candidatos a elecciones del poder ejecutivo y legislativo.
Especial énfasis hicieron en que en la elección judicial se van a requerir más urnas, más canceles, cuando las bodegas del INE están diseñadas para la mitad. Y alertaron que se pasaría de 300 millones de boletas que se imprimieron en 2024, a más de 600 millones.