La violencia contra defensores humanos se ha recrudeció en la pasada administración, luego de que entre diciembre de 2018 a octubre pasado se perpetraron 252 atentados contra la vida, de ellos 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones, dio a conocer un informe.
De acuerdo con el monitoreo Todos sus nombres, Todas sus luchas, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México, elaborado por la organización civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), el Estado mexicano fue responsabilizado de cometer ejecuciones extrajudiciales en 42 de los 225 casos de personas defensoras asesinadas.
Las luchas más peligrosas corresponden a la defensa del territorio y los derechos civiles, ya que 94 personas asesinadas defendieron el derecho a la tierra y territorio, así como a un medio ambiente sano. Otras 85 personas asesinadas defendieron derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la libertad de asociación.
Yo también soy territorio, y por eso es importante defender mi vida, la vida de los niños, la vida de mi comunidad, la vida de la tierra donde yo vivo, porque es parte de mi existencia”, destacó Felipe Neri Vargas Martínez, originario de San Juan Cacahuatepec, apicultor y voluntario en la defensa de los derechos humanos de su comunidad en la costa oaxaqueña.
A pesar de las limitaciones económicas y poner en riesgos la vida, Felipe se esfuerza para brindar atención a su comunidad.
Por eso es muy importante defender los derechos, se requiere de tiempo para organizar a la familia, para organizar a las personas, y poder así defender o también enfrentar hasta las autoridades”, expuso.
OAXACA, EN PRIMER LUGAR
La región del sur-sureste resulta ser la más peligrosa para la defensa comunitaria, pues Oaxaca registró 58 personas defensoras asesinadas.
Después, le siguen Guerrero con 39 y Chiapas con 17 personas defensoras asesinadas. Estos 114 asesinatos de personas defensoras en el Sur-Sureste representan el 51 por ciento de todos los casos en México.
140 PERSONAS INDÍGENAS ASESINADAS
Del total de las 225 personas defensoras asesinadas, 140 eran indígenas, una afromexicana.
Hay que ver que muchas de las personas que se dedican al activismo social, a la defensa de los pueblos indígenas, pues lo hacen con un verdadero sentido de compromiso, con un verdadero sentido de responsabilidad, considera Gabriel Sánchez Cruz de Unión Hidalgo, integrante del Colectivo Binni Cubi, en la región del Istmo.
Gabriel lucha contra el estigma de que los activistas dividen los pueblos. “Hemos contribuido para que nuestra sociedad y nuestro país sane un poco todos estos problemas de corrupción, de falta de transparencia y de despojo que han vivido muchos pueblos.” Son personas como él quienes han puesto su granito de arena.
*Felipe Neri Vargas Martínez,
apicultor y activista
AUTORIDADES LOCALES, LAS MÁS SEÑALADAS EN IMPUNIDAD
En dos de tres casos, los poderes fácticos y las autoridades locales fueron responsabilizados como presuntos responsables de estos asesinatos. Este dato contrasta con el contexto de sexenios pasados, cuando autoridades federales fueron señaladas por participar en ataques contra la vida de personas defensoras.
Mientras tanto, de los 252 casos, 51 personas defensoras fueron víctimas una desaparición forzada, 23 personas defensoras permanecen en condición de desaparecidas, 24 personas defensoras fueron asesinadas y cuatro personas defensoras aparecieron con vida. Esto representa solamente el ocho por ciento del total de 51 casos.
De las 23 personas defensoras en condición de desaparecidas, cuatro son mujeres y 19 hombres.
Entre esto, destaca Sonora con 10 indígenas yaquis desaparecidos y Oaxaca con tres hombres y tres mujeres defensoras desaparecidas, entre ellos, los casos de cuatro mixtecos de San Esteban Atatlahuca, en la región Mixteca.
En el Sur-Sureste, también resaltan cinco casos de desaparición forzada de personas defensoras, donde las autoridades locales surgidas del partido Morena de Amatán, Chiapas; Tlapa de Comonfort, Guerrero; Nochixtlán y San Juan Cotzocón, Oaxaca, fueron denunciadas como presuntas responsables.
En comparación con sexenios pasados, las autoridades federales no fueron señaladas de atentar directamente contra la vida de las personas defensoras, aunque a nivel local, la inacción del Estado mexicano o el debilitamiento y la aquiescencia de los gobiernos estatales y federales, infundió valentía a los grupos de poder, ya que existen zonas silenciadas en el país, donde no se denuncia y los casos permanecen en el olvido.
En el caso de las desapariciones, aunque se trate de personas defensoras, las búsquedas siguen siendo deficientes.
En todos estos casos, las organizaciones que reivindican a las personas defensoras reclaman búsquedas deficientes y denuncian la falta de acceso a una justicia pronta y expedita.
Según el monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas“, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México, los datos están respaldados por la Red TDT, Comité Cerezo, CEMDA, IM-Defensoras, Global Witness, Front Line Defenders y ONU-DH, entre otras.