La Cámara de Diputados realizó este jueves 31 de octubre la declaratoria de reforma constitucional que modifica dos artículos de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna.
En sesión ordinaria, los legisladores validaron el decreto que modifica el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución
La reforma de supremacía constitucional ya obtuvo el aval también de al menos 17 Congresos estatales para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Una hora después, el Senado también realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que ‘blinda’ las iniciativas que apruebe el Congreso de la Unión.
En sesión ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, avaló la reforma en materia de inimpugnabilidad de las modificaciones a la Constitución.
¿Qué es la supremacía constitucional?
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 30 de octubre una polémica reforma que establece la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.
El dictamen que fortalece la supremacía constitucional y limita los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos del Congreso y del Ejecutivo se envió a las legislaturas locales para su aprobación, previo a su publicación oficial y posterior entrada en vigor.
Los legisladores oficialistas del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) lograron la mayoría necesaria para aprobar en lo general la reforma.
La reforma plantea que las disposiciones de la Constitución se mantendrán por encima de cualquier otra norma o resolución, incluso cuando se trate de acciones suspensivas dictadas por el Poder Judicial.
Entre las modificaciones, se establece que las controversias o acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra reformas a la constitución no podrán frenar su aplicación inmediata.
Para sus impulsores, esta reforma es una defensa de la soberanía del Poder Legislativo, asegurando que las decisiones de los representantes elegidos por el pueblo no pueden quedar subordinadas a criterios judiciales.
La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso como la elección de jueces, que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales, y otras en el tintero como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.