La organización defensora en derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), condenó los hechos en Nuevo Laredo, Tamaulipas donde elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) presuntamente asesinaron a una niña de ocho, un joven de 18 y una enfermera de 46 años de edad, por lo que exigió a la Fiscalía General de Justicia del estado una investigación pronta y eficaz.
“Amnistía Internacional condena los hechos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que resultaron en la muerte de una niña de 8 años y dos personas más durante una persecución por parte de elementos de la Sedena y Guardia Nacional a presuntos delincuentes. El Estado mexicano debe garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias. ¡No más impunidad!”, resaltó en sus redes sociales.
Exigió que se lleven a cabo los Protocolos de Minnesota para que sea una justa investigación e hicieron un llamado a la Sedena y GN a cooperar con las plenamente con las indagatorias.
¿Qué es el Protocolo de Minnesota?
La organización explicó que es una guía de la Organización de las Naciones Unidas que establece cómo los Estados deben investigar muertes que podrían ser ilícitas o casos de desaparición forzada.
“Este conjunto de principios y directrices son clave para garantizar transparencia, justicia y rendición de cuentas, protegiendo los Derechos Humanos”, precisó AI.
De acuerdo con Protocolo de Minnesota: sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas de 2016, versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, explica que es proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.
“El Protocolo establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita o una sospecha de desaparición forzada, así como un conjunto común de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación”, aseguró el manual.
El Protocolo se aplica a la investigación de toda “muerte potencialmente ilícita” y, mutatis mutandis, de toda sospecha de desaparición forzada. A los fines del Protocolo, este prevé principalmente situaciones en que:
“La muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida. Incluye, por ejemplo, todas las muertes posiblemente causadas por funcionarios de las fuerzas del orden u otros agentes del Estado; las muertes causadas por grupos paramilitares, milicias o “escuadrones de la muerte” sospechosos de actuar bajo la dirección del Estado o con su consentimiento o aquiescencia; así como las muertes causadas por fuerzas militares o de seguridad privadas en el ejercicio de funciones del Estado”, revela el manual.