El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que la reforma judicial promovida por Morena aún no es definitiva, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría invalidarla.
Esto, según el líder panista, debido a los múltiples amparos y suspensiones definitivas que se han presentado, además de las controversias constitucionales en proceso de análisis.
Cortés criticó duramente el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma, calificándolo de desaseado y afirmando que vulnera la independencia del Poder Judicial.
La SCJN tiene en sus manos la posibilidad de revertir esta reforma que pone en riesgo el Estado de Derecho y la división de Poderes en México.
El líder del PAN señaló que, entre los recursos legales interpuestos, destacan una acción de inconstitucionalidad presentada por su partido y una controversia constitucional impulsada por el Gobierno de Guanajuato y varios municipios panistas.
Estos instrumentos legales buscan frenar la implementación de la reforma, que, según Cortés, afecta los derechos progresivos y compromisos internacionales de México, particularmente en materia de derechos humanos.
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es la elección de jueces y magistrados mediante un sorteo, lo cual, de acuerdo con Cortés, representa un proceso viciado y carente de reglas claras.
No se puede hacer un proceso electivo serio cuando existen amparos con suspensiones definitivas. El uso de una tómbola para decidir cargos es inaceptable.
Además, Cortés lanzó una interrogante al partido gobernante y a la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum: “Si la Corte tumba la reforma, ¿la van a aceptar o la van a imponer a la fuerza?”. Advirtió que el desconocimiento del Poder Judicial por parte del gobierno podría generar una crisis institucional y un choque entre poderes.
El líder del PAN también recordó la reciente acción de inconstitucionalidad presentada por su partido, donde se impugnan irregularidades en el proceso legislativo, como la falta de deliberación efectiva, la exclusión de comunidades indígenas y la falta de diálogo con miembros del Poder Judicial.
Finalmente, Cortés advirtió que, pese a la existencia de más de 70 suspensiones vigentes, el Consejo de la Judicatura ha entregado listas de jueces y magistrados que se someterán a voto popular en 2025, lo que, en su opinión, representa un atropello al orden jurídico del país.