Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que las reformas constitucionales en materia energética aprobadas la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados serán buenas o malas según la legislación secundaria que se apruebe.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, dijo se trata de reformas con una gran ambigüedad, en la forma en la que fue redactado el dictamen se dan márgenes de libertad a la reglamentación que permiten la instrumentación de la reforma de 2021, que frenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la que se priorizaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación y el despacho de energía eléctrica.
Los legisladores también pueden optar por una legislación secundaria que sea menos agresiva con la inversión privada, lo que sería positivo, dado que el gobierno federal estima invertir 13 mil millones de dólares en energías renovables, aunque la federación ha admitido que se requieren de al menos 35 mil millones de dólares en inversiones renovable para cumplir con las metas del Gobierno mexicano.
Ocampo considera que se necesita de la inversión privada, pues el gobierno federal no tiene los recursos suficientes para la transición energética y, en ese sentido, “la legislación secundaria va a tener que ser muy cuidadosa de no deteriorar más el clima de inversión en el país y especialmente, por supuesto, en el sector eléctrico”.
El especialista vislumbra el proceso de legislación reglamentaria como una oportunidad en la que todavía se podría contar con un sector energético abierto para la inversión privada en la generación eléctrica, aunque existe el riesgo de que resulte más restrictivo.
Considera que en los hechos, la redes, la transmisión y distribución eléctrica ya son monopolios de la CFE, e incluso en gran medida el suministro a los hogares. “La realidad es que la CFE, siempre ha tenido la participación mayoritaria en la generación de energía”, por lo que lo que hace la reforma es elevar a rango constitucional “algo que en los hechos ya sucede y siempre ha sucedido”.
“En ese sentido, si se es cuidadoso al momento de implementar esta reforma, se podría mantener un ecosistema abierto para la inversión, como mencionaba la secretaria de Energía, Luz Elena González, con reglas claras, pero aquí el diablo está en los detalles. ¿Cuáles van a ser esas reglas claras?”, cuestionó.
Oscar Ocampo plantea que se trata de una reforma que va en sentido inverso de la promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2013, ya que mientras la actual es centralizadora, la anterior buscaba la descentralización.
Sin embargo, no considera que la actual sea estrictamente una contrarreforma de la de 2013, pues se mantiene la inversión privada en el 46%, un porcentaje muy grande.
“Lo que sí estaría echando abajo es, por ejemplo, cómo funciona actualmente el mercado eléctrico mayorista, donde CFE es un competidor más junto con un universo de participantes privados. Esa parte muy probablemente sí cambiaría”, comentó.
Para el especialista, nunca se había visto la aprobación de tantas reformas constitucionales “con tan poco discusión”, por lo que piensa que ha dejado mucho qué desear el análisis, la discusión pública y el debate legislativo.
“Creo que eso es eso afecta mucho la la calidad del resultado, ¿no?, pero tampoco adelantemos vísperas y veamos qué sucede en el Senado”, finalizó.