Las Fiscalías estatales y sus ministerios públicos (MP) sólo resuelven positivamente 1.2% de los delitos denunciados, revelan cifras del Inegi.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, durante el año pasado se registraron 31.3 millones de delitos en México, pero sólo se denunció 10.4%, lo que es alrededor de 325 mil. De estas denuncias, en 68% de los casos, equivalente a 221 mil denuncias, el MP abrió una carpeta de investigación.
Esto implica que, del total de delitos ocurridos en México el año pasado, 92.9% no se investigó por parte de las autoridades.
El resultado fue positivo para la o el denunciante en 17.2% de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2023, el porcentaje de delitos con una resolución positiva para la o el denunciante fue 1.2”, señala la Envipe.
Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, lo anterior muestra que en México la impunidad en los delitos prácticamente alcanza el 100 por ciento.
Consultado sobre cómo esta situación se enmarca en el contexto de la reforma al Poder Judicial, que olvida el tema de los rezagos en las fiscalías, el especialista sostuvo que si bien los cambios al sistema de justicia son necesarios, los cambios constitucionales recién publicados no son lo que se requiere.
El problema de acceso a la justicia en nuestro país es mucho más profundo y mucho más complejo porque tiene que ver con lo que se hace y no se hace desde las policías, desde la Guardia Nacional, desde las fiscalías. O sea, de todo el entramado institucional que no necesariamente corresponde a lo que necesitamos los mexicanos”, dijo a Excélsior.
Rivas aseguró que, si el espíritu de la reforma es mejorar las condiciones de acceso a la justicia para los mexicanos, el enfoque está absolutamente equivocado. “Hoy nada de lo que realmente dificulta el acceso a la justicia se resuelve con la reforma al Poder Judicial”, agregó.
La Envipe señala que, del 68% de las denuncias en las que sí se abrió una indagatoria, en 47.9% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia, y otro 27.6% se reportó como que estaba en trámite.
En seis de cada diez casos, los motivos de los ciudadanos para no denunciar los atribuyen a las propias autoridades, al considerar que es una pérdida de tiempo, les tienen desconfianza o deben hacer trámites largos y difíciles. Incluso, algunos afirman que no acuden ante las autoridades por temor a represalias de los delincuentes.
Al respecto, Rivas aseveró que aún se arrastran problemas estructurales.
Si bien hoy las policías pueden ser el primer respondiente ante un delito y por lo tanto el denunciar ante la policía debería ser suficiente para que se inicie un proceso, realmente eso no está ocurriendo. Todavía el ciudadano tiene que acudir a las fiscalías y, en muchos casos, tienen que acudir más de una vez porque deberá ratificar su denuncia”, indicó.
Destacó que estados como Guanajuato han logrado que iniciar una denuncia sea más rápido.
Por tipo, el delito más frecuente reportado el año pasado fue fraude, con una tasa de seis mil 962 por cada mil habitantes. Le siguen el robo o asalto en la calle o el transporte público, con seis mil 526, y la extorsión, con cinco mil 213.
Al respecto, el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad afirmó que si bien los robos sí son uno de los delitos más frecuentes, en el caso de los fraudes muchas entidades siguen registrando bajo esta modalidad lo que comúnmente conocemos como extorsiones.
Indudablemente se requiere un cambio también desde el punto de vista normativo porque la ley a nivel federal es de 1984 y pues evidentemente ya no es vigente respecto a las necesidades que tenemos hoy en el país”, aseguró.