Los candidatos a un cargo de juez, ministro o magistrado podrán disponer, de manera igualitaria, de los tiempos oficiales en radio y televisión durante sus campañas en busca del voto ciudadano.
Este acceso será conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral (INE), plantea el proyecto de dictamen de la reforma judicial que el viernes se distribuyó entre los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En el apartado denominado Procedimiento para la elección de los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación se establecen reglas generales para la contienda, que en una primera etapa propone realizar comicios el 1 de junio de 2025 para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasarán de ser 11 a nueve.
La propuesta prohíbe el financiamiento público o privado en las campañas, así como la contratación de espacios en radio y TV, y prevé vetar la contratación de espacios para promocionar candidaturas en medios de comunicación escritos, visuales o auditivos, incluyendo las redes sociales.
Si bien las personas candidatas pueden hacer uso libre de sus redes sociales para difundir sus actividades, propuestas y demás información que consideren relevante durante los periodos legales de campaña, no podrán contratar espacios o utilizar esquemas de difusión pagados que los coloquen en situación de ventaja sobre otras candidaturas, evitando así distorsiones en la equidad de la contienda”, señala el documento.
PODRÁN PARTICIPAR EN DEBATES
También se permitirá participar en foros de debate organizados por el propio INE, así como en otros espacios, por lo que se propone “introducir la participación del sector público, privado o social, incluyendo la academia, en la organización y difusión gratuita de foros de debate, entrevistas o cualquier otro espacio público, siempre que sean brindados en condiciones de equidad”.
No habrá precampañas y las campañas durarán 60 días para todos los cargos, el mismo periodo establecido para el caso de los procesos electorales federales intermedios en que se renueva solamente la Cámara de Diputados.
Para no afectar la equidad de la contienda, se precisará que los funcionarios y partidos políticos tendrán prohibido realizar actos de proselitismo o posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna.
Además, se señala que en las campañas deberá prevalecer la exposición de la trayectoria y experiencia de los candidatos, por lo que en la ley reglamentaria se regularán las restricciones y sanciones aplicables para los aspirantes que emitan “manifestaciones o propuestas que excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales”.
El pasado 30 de julio Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, inundó de preguntas a los impulsores de la reforma judicial al advertir que el instituto no puede realizar un proceso electoral con menor rigor a los que está acostumbrado el país.
Al participar en el séptimo foro, urgió a aclarar las condiciones técnicas y operativas del proceso para elaborar un presupuesto, saber cuántas casillas se instalarán, dónde, el tipo de boletas que se utilizarán y también quién resolvería las impugnaciones, si habría capacitación ciudadana, promoción de candidatos en medios electrónicos y cómo se garantizaría la equidad.