Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, afirmó que la institución que ella dirige presentará un amparo en contra de la reforma que no permitirá a las y los jueces decretar una suspensión del acto reclamado con efectos generales tras aceptar una demanda de amparo.
“Nosotros como consejo nacional de litigio lo que tenemos como herramienta para poder controvertir es el amparo (…) nosotros tendríamos el propio amparo”, afirmó en Aristegui En Vivo.
“Estamos ya diseñando una estrategia para poder tratar de, a través de la presentación de amparos, ir generando la construcción de criterios y lineamientos que demuestren que estas prohibiciones son en contra del propio marco constitucional e incluso en contra de los propios tratados internacionales que el estado mexicano ha firmado”, añadió.
El pasado 24 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma, por lo que el dictamen está listo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo firme y lo ponga en efecto luego de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Las y los legisladores avalaron cambios en los artículos 129 y 142.
Del 129 se eliminó el último párrafo que dice “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.
Mientras que del 148 la modificación fue para delimitar los efectos de la suspensión de leyes generales, ello al establecer que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
Al respecto, este 25 de abril, Calderón consideró que las modificaciones son medidas restrictivas que acotan el acceso a la justicia, por lo que aseguró que, en el momento oportuno, el Consejo presentará las medidas oportunas.
“Iremos construyendo una línea que nos permita controvertir y revertir esta terrible determinación que, insisto, se hace por un tema político sin tomar en cuenta a los más desprotegidos y sin tomar en cuenta la importancia que tiene en México ampliar los accesos a la justicia”, aseveró.
La directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico afirmó que la institución que representa planteó la necesidad de que se realizara un parlamento abierto para analizar la reforma propuesta, en el que se convocara a abogados, barras y colegios, pero ahora, que ya fue aprobada lo que sigue es la defensa.
“Ahora la siguiente etapa será la defensa, el pleito en los tribunales, en la Suprema Corte, para lograr que estas dos figuras, que estas dos características que tenían los juzgadores puedan permanecer y pueda declararse la inconstitucionalidad la ley aprobada ayer”, aseveró.
Especificó que otro recurso que se tiene es que el 33 por ciento de las y los legisladores, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, presente una acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma.
“El principal medio de defensa que ahorita se tiene es la acción de inconstitucionalidad, que los propios partidos de oposición han reconocido que van a presentar, el 33 por ciento de los legisladores, ya sea en la cámara de diputados o en la de senadores, pueden presentar esta acción de inconstitucionalidad en la cual podrán hacer valer el sin fin de contradicciones, de irregularidades y de inconstitucionalidades que hay en la aprobación de esto”, añiadó.
Aseguró que se está retrocediendo en materia de justicia, pues ya no se permitirá proteger los derechos colectivos, pues las modificaciones eliminadas con la reforma permitían a las y los jueces proteger a un mayor número de personas
“Lo acaban de quitar los legisladores por un tema político, estrictamente porque no han entendido que el poder judicial está para garantizar una división de poderes, para mantener los equilibrios, son un contrapeso del poder ejecutivo y del poder legislativo, y no es que traten de imponer una decisión, como lo estaban afirmando en los posicionamientos, sino que están para proteger los derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos”, acusó.
Por otro lado, Mariana Calderón dijo que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico también establecerá una estrategia para combatir la ley que le permite al presidente Andrés Manuel López Obrador tener la facultad de amnistía.
“También estaremos estableciendo una estrategia para combatir esta ley de amnistía porque claramente da facultades totalmente discrecionales que salen de cualquier razonabilidad”, aseveró.
Destacó que es curioso que el gobierno esté haciendo esta reforma tan arbitraria y abstracta en criterios al final del sexenio, lo que consideró preocupante.
“Que sea una modificación de esta naturaleza al finalizar un gobierno, tan abstracta, sin los procedimientos establecidos en la propia ley, que excluya el tener que seguir estos procedimientos, que excluya también lo que establece la ley de tener que someterlo a un comité y un procedimiento judicial establecido, pues resulta totalmente preocupante y resulta violatorio de principios de seguridad jurídica dando facultades totalmente discrecionales la presidente”, aseveró.
También el pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se agrega un artículo 9 a la Ley de Amnistía, en materia de otorgamiento de amnistía de manera directa.
Con esta modificación legal, el presidente podrá dar “amnistía directa” a personas sujetas a proceso o sentenciadas.