Hace dos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una propuesta de reforma constitucional al artículo 123, permitiendo al Infonavit participar en la oferta y arrendamiento de vivienda. Desde entonces, ha surgido una variedad de interpretaciones, destacando la necesidad de una deliberación pública, así lo expresó por medio de un comunicado el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.

Por lo que, Martínez Velázquez puntualizó las distintas implicaciones en caso de que la reforma avance, como, por ejemplo:

El Infonavit podría destinar parte de sus recursos a la construcción de viviendas para los trabajadores. Además de que estas nuevas viviendas se ofrecerían en renta a los trabajadores derechohabientes, con la opción de adquirirlas tras 10 años y para alcanzar la meta de nuevas viviendas sociales, el Infonavit también participaría como promotor en la construcción de viviendas para venta directa a los trabajadores derechohabientes.

Sin embargo, se requeriría una revisión de la Ley orgánica del Instituto para garantizar viabilidad y certeza en estas nuevas actividades. Aunque, el Infonavit continuaría con su programa de crédito para diversas necesidades, asegurando que las nuevas actividades sean complementarias y no sustitutivas.

Esta propuesta se alinea con el debate global sobre la escasez de vivienda asequible, donde se propone un sistema de renta social para los derechohabientes del Infonavit. Se busca garantizar relaciones transparentes y claras para los trabajadores, quienes después de 10 años tendrían la opción de comprar su vivienda.

Según estimaciones, el Infonavit tendría recursos suficientes para construir 75 mil viviendas al año, ya sea de forma directa o en colaboración con el sector privado. Esto no comprometería los recursos del programa de crédito ni los rendimientos anuales para los trabajadores.

El director general se refirió al Infonavit como una institución tripartita, el cual se enriquece con la experiencia de sindicatos y empresas, contando con la capacidad financiera para llevar a cabo esta reforma y señaló que, la discusión pública ha visibilizado temas importantes para la política de vivienda, por lo que, con la participación de todos, esta iniciativa podría traducirse en beneficios tangibles para la clase trabajadora.

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