El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra una ONG católica que opera un albergue en la frontera sur de Estados Unidos acusándola de “tráfico de personas” y de promover la “entrada ilegal” al país.
En la demanda, presentada el martes por la noche en una corte de distrito en la ciudad de El Paso, la Fiscalía de Texas pidió que se revocara la licencia de la ONG Annunciation House por estar presuntamente “violando la ley”.
“El caos en la frontera sur ha creado un entorno en el que las ONG, financiadas con dinero de los contribuyentes que les ha sido entregado por el Gobierno de Biden, facilitan horrores increíbles, incluido el tráfico de personas”, subrayó el fiscal Paxton, un ultraconservador cercano al expresidente Donald Trump, en un comunicado.
En concreto la Fiscalía de Texas argumenta en la demanda que la organización, que opera un albergue en la ciudad de El Paso, da refugio a personas que están “evadiendo las autoridades” de EE.UU. tras haber cruzado de manera irregular la frontera.
A su vez, acusa a la organización de promover el tráfico humano porque transportan a personas de un sitio de la ciudad a otro en camionetas, una o dos veces por semana.
El fiscal denuncia que Annunciation House no le entregó a la fiscalía los documentos que solicitó para hacer una inspección del funcionamiento de la ONG y encontrar “posibles violaciones” legales.
El director de la organización, el sacerdote Rubén García, tildó la demanda de “ilegal e inmoral” y señaló que los intentos del fiscal de Texas por revocar la licencia de la organización “no tienen fundamento”.
El fiscal “ya ha dejado claro que considera que es un crimen que una organización católica le de albergue a refugiados“, subrayó el sacerdote en un comunicado, donde explicó que su trabajo se basa en el principio religioso de “dar bienvenida al prójimo”.
“Nuestra labor es esencial para la ciudad de El Paso (…) hemos dado un techo a cientos de miles de refugiados que pasan por nuestra ciudad y les hemos dado alimento”.
El religioso también explicó que el fiscal general pidió un gran número de documentos de un día para otro y “sin explicación”, por lo que su organización pidió al tribunal que decidiera exactamente a qué material pueden tener acceso y bajo qué criterios.
La ciudad de El Paso, que limita con Ciudad Juárez en México, ha estado en el epicentro del aumento en la llegada de migrantes a la frontera sur EU en el último año.