El pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto para consolidar la federalización de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), que implica la centralización de los recursos públicos de los estados en favor del organismo federal.
Con el voto en contra de la oposición, la mayoría de partidos afines a la Cuarta Transformación avalaron la reforma medianter la cual las entidades federativas que se adhieran al IMSS-Bienestar deberán entregar sus recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA).
Las modificaciones van encaminadas a fortalecer la estrategia de salud del gobierno federal tras la desaparición del Seguro Popular y la creación en este sexenio del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que también fue eliminado.
El proyecto –que fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales– fue avalado en lo general con 57 votos a favor y 37 en contra, mientras que en lo particular se registraron 55 votos a favor y 34 en contra.
De esta forma la mayoría morenista reformó los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Coordinación Fiscal y los artículos 3, 7 y 77 de la Ley General de Salud.
De aprobarse en San Lázaro, la reforma implicará que el dinero para salud que reciben 23 estados que actualmente tienen convenio aceptan que estos recursos vayan directo al IMSS-Bienestar.
En tanto, las entidades federativas que no suscriban convenio con los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar tendrán acceso al FASSA.
Despojo
La senadora panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez consideró que esta reforma busca despojar a los estados de los recursos destinados a la atención de la salud, lo que incluye sus bienes inmuebles, y recordó que desde el 2019 advirtió sobre los problemas que implicaba la desaparición del Seguro Popular.
“¿Qué es lo que se pretende con esta reforma? Despojar a las entidades federativas de lo que la ley les está otorgando”, aseveró la legisladora de Acción Nacional.
«Hoy por hoy no tienen servicio de salud 50 millones de mexicanos y, si el IMSS no puede darle un servicio adecuado a sus derechohabientes, ¿cómo voy a creer que se lo va a poder dar a los que no lo son?», cuestionó a su vez el panista Damián Zepeda.
Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, consideró que esta reforma va en contra de los principios democráticos, pues concentrará los recursos de los estados para que se ejerzan a través de la Federación, lo que representa una concentración de poder, que es contra lo que ha peleado la oposición.
La presidenta de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdez Martínez, argumentó que la reforma está encaminada a proteger a los mexicanos que no tienen seguridad social y atención médica. “No le demos la espalda al Seguro Social y a los trabajadores de México, porque esperan que esta Legislatura les responda y que las y los senadores no les fallen”, asentó.
Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, votó a favor de la reforma y previamente se declaró a favor de universalizar los servicios de salud y de otorgarles seguridad social a las y los trabajadores informales.
El pleno admitió a discusión y aprobó tres reservas al dictamen presentadas por el senador Ernesto Pérez Astorga, de Morena, las cuales reforman la redacción del cuarto párrafo del artículo 25, así como el artículo 29, y adicionan un segundo y un tercer párrafo del artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Además, reforma el segundo párrafo del artículo 77 Bis 16 A, modifica la redacción del tercer párrafo del mismo artículo 77 Bis 16 A, adiciona un cuarto y quinto párrafo al artículo 77 Bis 16 A, reforma el cuarto párrafo del texto vigente del artículo 77 Bis 16 A, pasando a ser el párrafo sexto; e incorpora los artículos transitorios Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno.