La flota de drones para vigilancias que adquirió la Guardia Nacional está bajo sospecha de corrupción. Un grupo de diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia, solicitó la semana pasada que la Secretaría de la Función Pública (SFP) revise los contratos otorgados al contratista.
Los contratos, vía adjudicación directa, fueron otorgados a la empresa Cloud Enterprise Services S de RL de CV, propiedad de Enrique Ruiz Hernández, un proveedor de tecnología a quien se habría beneficiado de forma irregular.
A través de un escrito, ingresado a diferentes dependencias el pasado 25 de noviembre, explican que Enrique Ruiz obtuvo “contratos leoninos” y que incumplió en distintas ocasiones en perjuicio de las finanzas públicas, por lo que hacen también un llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue el caso y aporte elementos a la SFP con el objetivo de sancionar el presunto entramado de empresas relacionadas con Ruiz Hernández, así como para garantizar que los funcionarios de diferentes dependencias que le otorgaron contratos rindan cuentas.
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A Enrique Ruiz se le vincula con Tec Pluss, compañía que tiene registrados a los mismos trabajadores en puestos directivos de distintas razones sociales, una fórmula que suelen usar contratistas para el sector público a fin de simular competencia en licitaciones. Por ejemplo:
Juan Antonio Reyes Mercado, director de Operaciones de Tec Pluss, además ocupa la Gerencia de Servicios de Cloud Enterprise Services, y Marie Araceli Morgado Genes saltó de una compañía a otra con las mismas funciones: Project Manager.
El proveedor de todos
Con Cloud Enterprise Services S de RL de CV, Ruiz Hernández ha obtenido numerosos contratos con dependnecias federales, entre los que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Sólo en lo que va de 2023 la suma de los montos contratados reflejan asignaciones por más de 126 millones de pesos, de acuerdo a datos consultados por el reportero en el portal Compranet.
Según consta en la documentación oficial, Cloud Enterprise Services ofrece a las instituciones soporte técnico y mantenimiento para servidores; adecuación, ampliación y equipamiento de hospitales; equipamiento para las sucursales del Banco del Bienestar, y en general, computadoras, servidores, reguladores de corriente, mantenimiento de instalaciones eléctricas y ahora, drones.
Ruiz Hernández lleva años en el sector como heredero de la firma que inició su familia. En una entevista con Líderes Mexicanos cuenta que fue víctima de fraudes que lo llevaron a una profunda crisis y a la necesidad de rediseñar su estrategia de negocios. Por entonces, dijo en esa entrevista, contaba con números históricos en ventas, contratos gubernamentales y un crecimiento anual de 100%.
Meses antes, de acuerdo con registros consultados por Proceso, Ruiz Hernández había enfrentado una denuncia por lesiones tras una riña en un antro. En 2018, el Juez Tercero de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México consideró a Enrique Ruiz penalmente responsable del delito de lesiones calificadas, por lo que le impuso una pena de tres años y siete meses de prisión, así como la obligación de pagar a la víctima 297 mil 384 pesos para la reparación del daño moral.
Para no ir a prisión promovió un amparo y entregó una garantía de 30 mil pesos. Los hechos habrían ocurrido en el Love, un antro ubicado sobre Campos Elíseos en Polanco, Ciudad de México, donde el empresario le dio un cabezazo a otro cliente del establecimiento.
Más allá de la crisis de ese período, la petición de indagatorias se impulsó luego de advertir presuntas irregularidades en el expediente que entregó la firma para hacerse de un contrato millonario con el gobierno federal a través de la Guardia Nacional, precisamente, para la proveeduría de vehículos aéreos no tripulados este año.
Desde 2022, la Guardia Nacional ha comunicado contar con flotas de drones que, hasta diciembre pasado, no tenía cómo operar pues carecía de personal capacitado. Sin embargo, diferentes comunicados dieron a conocer que se había iniciado la formación de pilotos a distancia.
El uso de drones en tareas de seguridad no es nuevo, pero la Guardia Nacional recién los ha incorporado para su uso en operaciones especiales de vigilancia.
Tecnología de aficionado
El fondo de la denuncia radica no sólo en el precio, sino también en la calidad de los artefactos adquiridos para la Guardia Nacional, en la que advierten condiciones de favoritismo y fundan la revisión de todos los contratos del proveedor con el gobierno.
El escrito fue remitido el pasado 25 de noviembre a la SFP, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, se incluyen diferentes documentación cuya copia posee Proceso.
De acuerdo con dicha documentación, se explica que el pasado 4 de octubre, a través de la licitación internacional LA-36-H00-036H00998-I-118-2023, la Guardia nacional le asignó a la firma de Ruiz Hernández un contrato para el suministro de aviones no tripulados por un monto total de 119 millones 227 mil 682 pesos.
No fue la propuesta más baja, ni la mejor calificada, pero Cloud Enterprise Services obtuvo el contrato relativo a 40 unidades, incluidos cuatro drones de la marca Colugo, modelo ARC53 HYBRID VTOL, con costo unitario de 21 millones 795 mil 618 pesos, aunque hubo compañías que ofrecían aeronaves con las características requeridas hasta en 15 millones 291 mil pesos, cada una.
Además de esa anomalía, se incluye información sobre el modelo ofrecido por Cloud Enterprise, que presuntamente fue construido por un aficionado con tecnología israelí, cuyo sistema principal, Pixhawk Cube Orange Standard, está disponible en internet por 669 dólares.
Este último aspecto es clave en la denuncia para exigir la revisión de los contratos de Cloud Enterprise, pues no es la primera vez en la que el gobierno federal adquiere software libre o muy económico como si fuera tecnología de punta.
Como se recordará, parte de los casos de contratismo en los expedientes de desarrollo social conocidos periodísticamente como “La Estafa Maestra”, implicaban simulación de proveeduría de software que en realidad era libre o económico y, más recientemente, ocurrió con el core bancario que no pudo echar a andar los cajeros del Banco del Bienestar en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como era su propósito.
En este caso, de acuerdo con el documento remitido a manera de denuncia, para obtener el contrato Cloud Enterprise Services exhibió el certificado de registro FA3MFYKX3Y, perteneciente al modelo de dron ARC53 y no al ARC53 Hybrid VTOL. Pero resulta que ese no es un certificado de aeronavegabilidad como lo establecían las bases de la convocatoria de la licitación.
“Cloud Enterprise Services hizo pasar como certificado de aeronavegabilidad, lo que en realidad es un registro de dron ante la autoridad del país de origen, es decir Israel”, señala el documento.
El expediente entregado por Cloud Enterprise Services detalla que, en dicho registro, se lee que el dron Colugo ARC53 Hybrid VTOL fue construido por un aficionado. Además de que el registro pertenece al dron ARC53, no al híbrido, y en la página de internet del fabricante Colugo, esta aeronave cuenta con menores capacidades que las ofertadas por la empresa Cloud Enterprise Services.
En los últimos tres años, la compañía conocida comercialmente como CloudEs ha obtenido contratos con la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras dependencias y entidades públicas.