En una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha enfatizado la necesidad de reforzar la protección legal para niñas, niños y adolescentes que son víctimas de delitos. El caso en cuestión involucra a un niño de doce años que estuvo secuestrado durante casi un mes, lo que llevó a su padre a presentar una denuncia ante las autoridades.
Durante la investigación, el menor fue liberado. Sin embargo, en un giro inesperado, los secuestradores, una vez detenidos, fueron absueltos de los delitos que se les imputaban. A pesar de que el niño había tenido un asesor jurídico desde el inicio de la investigación, este no tomó medidas efectivas para proteger los intereses del menor.
Como respuesta a esta situación, la víctima decidió promover un juicio de amparo. El Tribunal Colegiado reconoció que la asesoría jurídica había sido deficiente y otorgó el amparo para que se rehiciera el procedimiento. Sin embargo, los presuntos secuestradores apelaron la decisión, desencadenando un recurso de revisión.
Al resolver el asunto, la Primera Sala del tribunal determinó que, en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes como víctimas de delitos, es fundamental establecer lineamientos que garanticen una protección reforzada por parte de los asesores jurídicos que los representan.
La Primera Sala subrayó que la función de los asesores jurídicos no debe limitarse a un requisito formal, sino que debe considerarse como un medio para asegurar la participación efectiva de la víctima en todas las etapas del proceso penal. Se enfatizó la necesidad de una asesoría proactiva, especialmente cuando las pruebas presentadas por la fiscalía sean claramente insuficientes o hayan sido obtenidas en violación de derechos fundamentales.
En consecuencia, la Primera Sala confirmó el amparo otorgado por el Tribunal Colegiado y propuso la elaboración de lineamientos específicos que fortalezcan la protección del derecho a la asesoría jurídica en casos similares que involucren a menores. Esta decisión busca garantizar una defensa efectiva y adecuada de los derechos legales de los niños y adolescentes víctimas de delitos.
La sentencia destaca la importancia de reforzar la protección legal para niños y adolescentes en situaciones similares, subrayando que su bienestar y sus derechos deben ser una prioridad en los procesos judiciales. Esta medida busca garantizar que los asesores jurídicos cumplan su función de manera proactiva y efectiva en beneficio de los menores afectados por actos delictivos.