Las Fuerzas Armadas no tienen un plan para combatir el uso de estas herramientas tecnológicas.
A pesar de registrarse el decomiso de siete drones en Tamaulipas a grupos armados, las Fuerzas Armadas no tienen un plan para combatir el uso de estas herramientas tecnológicas que se utilizan para espionaje.
Documentos a los que tuvo acceso EL MAÑANA señalan que, del 2015 al 2023, los grupos delictivos han utilizado drones en Reynosa y Matamoros, por su accesibilidad y facilidad de modificación.
Y a pesar que estos dispositivos son cada vez más utilizados por grupos delictivos, son armas secundarias, pero con un auge actual; sin embargo, las autoridades federales y estatales no cuentan con un plan para combatir y erradicar su uso.
En lo que va de este año la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) han logrado decomisar siete unidades en Reynosa y Matamoros.
Dentro de los operativos donde se lograron asegurar las unidades tecnológicas se demostró que en al menos un caso se utilizaron narcodrones para espionaje de las autoridades y se han logrado detener a dos personas por manejar estas unidades, de acuerdo con la Sedena.
Asimismo, los drones se pusieron a disposición del Ministerio Público federal y estatal para que se realicen las investigaciones correspondientes, logrando abrir dos carpetas.
Sin embargo, no se tiene registro que los grupos delictivos los utilicen como herramienta para atacar a civiles o a cuerpos policiacos, como ha ocurrido en Michoacán, al utilizar estas unidades aéreas para lanzar explosivos.
Las autoridades federales tienen conocimiento de al menos cinco casos a nivel nacional de ataques con drones por grupos delictivos, entre Guerrero y Michoacán.
PENAS DE HASTA 60 AÑOS
- En agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar el uso de drones con fines ilícitos o para transportar explosivos.
- El documento establece penas de hasta 60 años de prisión a quienes resulten responsables.
- «El propósito es implementar un marco jurídico que incorpore agravantes a conductas constitutivas de delitos, realizadas con aeronaves pilotadas a distancia, que fortalezca la prevención y combata la impunidad en la comisión de los delitos mediante el uso de estos artefactos y así garantizar la paz y la seguridad de las y los mexicanos en armonía con las buenas prácticas internacionales en la materia y el respeto absoluto a los derechos humanos», indica el texto.