Se rezaga Tamaulipas en capacidad institucional para hacer frente a las demandas de procuración y administración de justicia penal, ubicándose en el sitio 30 de un ranking elaborado por México Evalúa, donde de un estándar ideal de 1400 puntos, apenas sacó 412.
El organismo analizó desde políticas públicas, personal, infraestructura, organización y avances en el sistema de justicia penal, para medir su calidad de respuestas, siendo Querétaro el mejor posicionado con 1,205.8 puntos, seguido por Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Sinaloa y Chihuahua, entre los primeros cinco.
Tamaulipas ocupó el lugar 30 con 412.8 puntos, seguido solamente por los estados de Campeche y Morelos, con 391.5 y 346.8, respectivamente, según los resultados de la evaluación efectuada por la referida asociación civil.
Se puso lupa a la actuación de la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, revisándose la planeación, coordinación, presupuesto y evaluación, en tanto que de su capacidad instalada se verificó el personal, infraestructura y organización interna.
La diferencia entre la entidad con mayor avance en su capacidad institucional, Querétaro, y la de menor avance, Morelos, ascendió a 264%. “La importante brecha confirma la disparidad entre los estados que demuestran convicción por reflejar cambios en su institucionalización y las que han apostado por la inercia institucional, o bien las que no le han dado prioridad a la justicia penal”.
En 2022, solo 4.3% de los procedimientos derivados de la apertura de carpetas de investigación llegaron hasta la etapa de vinculación a proceso, y no necesariamente fueron por los delitos de mayor complejidad o impacto social.
Por ello, México Evalúa recomendó aumentar las capacidades de investigación y de litigio de las fiscalías; revisar las políticas criminales en curso a fin de establecer estrategias adecuadas de priorización de casos, acompañada de una reorientación de recursos humanos, técnicos y financieros hacia los delitos que más lastiman a la sociedad.