El Órgano Interno de Control (OIC) del INE informó a la Cámara de Diputados que se investiga en el Instituto un contrato irregular, por más de mil millones de pesos, para la contratación del servicio de renta de vehículos de 2019 a 2022.
El OIC entregó a los legisladores su informe de gestión y resultados del primer semestre del 2023 (enero-junio) –al que tuvo acceso EL FINANCIERO-, que reporta también 1,166 denuncias contra el Instituto por mala atención, abusos, venta de citas, incumplimiento de funciones, entre otras quejas.
Destaca que, por delitos graves, se abrió un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, relacionado con la contratación del servicio del servicio de arrendamiento del parque vehicular.
Precisa que “en cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa identificado como INE/OIC/UAJ/DS-II/G-001/2023, este OIC estima que es de interés público, dada la magnitud del importe máximo contratado ($1,037,547,662.40), dada la repercusión negativa que podría existir en la continuidad de las operaciones ordinarias de la institución al colocar en condiciones de riesgo este tipo de contrataciones”.
“Y fundamentalmente porque representa un ejemplo de las malas prácticas que deben erradicarse en el Instituto y en cualquier institución, por la existencia de actos sistemáticos cuya ilegalidad ha sido confirmada por las autoridades judiciales y cuyos efectos se han prolongado por más de 4 años”, agrega el reporte.
Aclara que “en tal circunstancia, una vez que ha concluido la cadena impugnativa después de 4 años, a fin de prevenir e inhibir actos semejantes, con mayor razón considerando la proximidad del procedimiento de contratación plurianual para cubrir las necesidades de transporte vehicular del Instituto (mediante adquisición o arrendamiento), se informan los hechos a que se contrae este procedimiento de responsabilidades, omitiendo los datos personales de las personas servidoras públicas y los particulares involucrados, a fin de preservar el debido proceso”.
Aunque no mencionan nombres de funcionarios ni de la empresa “a fin de preservar el debido proceso”, la firma que presta servicios al INE es del Grupo Jet Van Car Rental.
El reporte del OIC explica que en la licitación pública LP-INE-004/2019, (Servicio Integral para Arrendar el Parque Vehicular que Requiere el INE en el Periodo 2019-2022 Partida 2), cuyo contrato fue adjudicado el 29 de marzo del 2019, “indebidamente se asignaron puntos y porcentajes en la evaluación técnica, argumentando que la licitante era mediana empresa, pese a que sus montos de facturación la ubican como grande”.
Agrega que “las autoridades del INE alteraron la metodología para calificar la oferta económica, lo que permitió adjudicar nuevamente la misma empresa”, después de que el OIC cuestionó el fallo de la adjudicación.
Por lo anterior, informó que “el 20 de junio del 2023 se inició procedimiento en contra de los servidores público que participaron en el procedimiento de licitación indebida” y por “el descuido administrativo institucional en un contrato que implicaba hasta mil 37 millones 547 mil pesos con una importancia operativa institucional”.