El martes 26 de septiembre por la noche, fueron reubicados en penales del estado, seis de los 11 policías internados en la cárcel de Victoria, desde donde siguen su proceso por la muerte de 19 personas, en el llamado “Caso Camargo”.
Sin que les fuera notificado de manera previa, según señalaron, se llevó a cabo la reubicación de los seis acusados, lo que fue informado a través de un oficio de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social.
Durante la audiencia que se sigue del caso en una de las salas del Centro Integral de justicia de Tamaulipas en el municipio de Victoria, tres de los hoy ex policías estatales llevados al penal de Matamoros, denunciaron amenazas, por lo que temen por sus vidas.
Uno de ellos, incluso señaló que fue sacado descalzo y no les habían proporcionado alimentos hasta las 11:00 de la mañana en que aún se continuaba la audiencia en la que la Fiscalía busca justificar la solicitud de 969 años de cárcel para cada uno de los 11 acusados de homicidio, 19 años para el policía que confesó los hechos y los más de 6 millones de pesos para las familias de las víctimas.
Otros tres acusados fueron llevados al penal de Reynosa, y aunque señalaron que ellos no han sido amenazados, dos de ellos pidieron ser regresados a Ciudad Victoria, donde tienen familiares que los apoyan moral y económicamente.
El Juez Patricio Lugo Jaramillo, instruyó se gire un oficio a la directora del penal de Matamoros y al de Reynosa, para que se garantice la integridad y vida de los inculpados.
Entre otras medidas, solicitó que sean mantenidos en un lugar apartado del resto de la población penitenciaria y con vigilancia permanente, durante el tiempo en que estén en esos lugares.
Les explicó que el oficio recibido de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones, refería que el traslado se había realizado, de acuerdo a una evaluación del riesgo que se hizo de los detenidos, por lo que deberán ser los abogados quienes, de considerarlo conveniente, deberán pedir la reubicación de dichos penales.
Por la muerte e incineración de 19 personas, 17 migrantes de Guatemala, uno de El Salvador y dos mexicanos, en una brecha del municipio de Díaz Ordaz, 12 policías estatales, la mayoría pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), fueron declarados culpables.
En este momento del proceso judicial, la Fiscalía del Estado llamará a 27 testigos, entre peritos, policías investigadores y familiares de las víctimas, para que el Juez del Tribunal Unitario que lleva el caso, decrete la pena que enfrentarán cada uno de los 12 por los delitos cometidos, entre ellos homicidio calificado, abuso de autoridad y el delito de desempeño de funciones administrativas.