Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que ordena detener la distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo 2023-2024 y, además, usar los del periodo pasado.
Durante la audiencia constitucional, realizada el pasado 18 de agosto, la juzgadora otorgó la protección de la justicia federal a la organización civil y, a la par, ordenó buscar una estrategia para aplicar en las escuelas de nivel básico los programas y libros de texto utilizados en el ciclo 2022-2023.
En un extracto de la sentencia, publicado este lunes, se establece que en esta medida deberán participar los tres órdenes de gobierno, Federal, estatal y municipal; además están obligados a acatar el fallo: El subsecretario de Educación Básica, el director general de Materiales Educativos, así como la directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
“Pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa.
“Para lograr lo anterior, en cumplimiento al principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el numeral primero constitucional, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, ponderando el interés superior de la infancia y la adolescencia”, se indicó en la resolución de la jueza Medina Alcántara.
La juzgadora había advertido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que si no podía cumplir con la suspensión definitiva, concedida a la UNFP, tendría que buscar la estrategia para imprimir y distribuir los libros de texto aprobados y utilizados en el ciclo 2022-2023.
En este caso, la autoridad federal, la SEP, aún puede impugnar la resolución de la juez Medina Alcántara, a través de un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.
Este proceso llevará, por lo menos tres meses para que los integrantes del Colegiado estudien el caso, mismo que deberá determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia, y el ciclo escolar inicia el próximo lunes 28 de agosto.