La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a las omisiones en que incurrieron como directivos de ese órgano desconcentrado que estaba obligado a preservar la vida de los 40 migrantes que murieron en el incendio registrado el pasado 27 de marzo la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La Fiscalía también anunció que va a proceder contra el Director General de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, y el Delegado de Migración en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero.
Mediante un comunicado, la FGR explicó que los tres servidores públicos serán imputados por incurrir en presuntas conductas delictivas que propiciaron la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que se configura una violación al artículo 214, fracción VI del Código Penal Federal.
De acuerdo con la norma invocada, incurre el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad descrita, cualquier funcionario que “teniendo obligación por razones de su empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma, propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)
Las penas previstas en el Código Penal Federal para este delito van 2 a 7 años de prisión y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y sus dos subordinados podrían enfrentar su proceso penal en libertad, a menos que la Fiscalía General de la República solicite prisión preventiva justificada, argumentando riesgo de fuga.
Por lo que se refiere a otros servidores públicos, la FGR también anunció la determinación de proceder contra tres servidores públicos directamente relacionados con los delitos de homicidio y lesiones.
Se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Ve FGR omisiones de Garduño
En el comunicado que la FGR divulgó para anunciar que procedió penalmente contra Francisco Garduño, un hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia afirma que durante la investigación por la muerte de 4o migrantes y las lesiones que sufrieron otros 25, se encontró que los altos directivos de Migración incurrieron en un patrón de omisiones que afectaron la seguridad de sus instalaciones.
La FGR agregó que dichas omisiones ya habían costado la vida a un migrante en Tenosique, Tabasco, el 31 de marzo del 2020, cuando se presentó un caso semejante en otra estación migratoria. Además, la Fiscalía reporta que Garduño también hizo caso omiso de diversas faltas y omisiones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo… indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, señaló la FGR en su comunicado.
Además, la Fiscalía advierte que los contratos de vigilancia celebrados por CAMSA y el Instituto Nacional de Migración se suscribieron violando la obligación legal de realizar una licitación pública, ya que la adjudicación directa a la citada compañía de seguridad privada generaron “costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.
A continuación, el comunicado íntegro de la FGR.
Los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la FGR, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas; 3 de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y una persona que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión.
Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida.
Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.
La FGR continuará informando lo que legalmente proceda.