Los operativos antialcohol tienen el objetivo de reducir los accidentes viales, ya que en muchas ocasiones, las personas que conducen bajo los influjos de bebidas embriagantes son causantes de los choques.
Sin embargo, en Tamaulipas estas revisiones carecen de aparatos y personal médico acreditado, dijo el diputado local, Jesús Suárez Mata, por lo que busca reformar la Ley de Tránsito.
Indicó que se trata de una iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al numeral I, del artículo 19 Ter, de la Ley de Tránsito de Tamaulipas.
Mencionó que en México y en Tamaulipas se ha llevado la implementación de operativos y retenes antialcohol, la cual se ha convertido en una práctica recurrente y útil para prevenir accidentes e inhibir que la población conduzca bajo los efectos del alcohol.
Lo anterior, explicó, es realizado por un aparato denominado alcoholímetro, el cual se basa en un sensor de gas, mismo que indica al soplar sobre él, que tanto porcentaje de alcohol en la sangre se encuentra y ayuda a los agentes viales a saber si se encuentra en condiciones de conducir.
“Sin embargo, en la práctica dichas acciones se encuentran viciadas y sirven para extorsionar, toda vez que en los retenes no se cuenta con el alcoholímetro o con el personal médico acreditado para dar fe y legalidad, del posible grado de alcohol con la que se encuentra el conductor, violentando flagrantemente los derechos humanos”.
Es por ello, que presentó una iniciativa con el objeto de que los estados de ineptitud, de ebriedad, en evidente estado de ebriedad, o bajo la influencia de estupefacientes u otras substancias tóxicas, debe ser acreditado mediante un dictamen médico o prueba con alcoholímetro, para efectos de determinar la sanción a aplicar.
Además, el proceso debe ser realizado por personal médico de la Secretaría de Salud y ante la falta de especialistas en medicina en algunos municipios, dicha prueba podrá ser realizada por elementos de vialidad o tránsito, debidamente acreditados y autorizados por dicha Secretaría.
Dejó en claro que esta medida no tiene fines recaudatorios, ni tampoco se busca coartar su libre esparcimiento ni su libre tránsito.
“Se busca que la responsabilidad sea avalada por un experto de la medicina o bien con el personal debidamente capacitado y avalado por la Secretaría, y con ello, no se deje a la simple interpretación de los agentes viales”.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, donde será analizada por los diputados locales.