Autoridades de los Estados Unidos, entre ellos el Buró Federal de Investigación (FBI), abrieron una carpeta contra agentes aduanales con residencia en la frontera de Tamaulipas, encargados de darle servicio a los transmigrantes, al estar señalados por presuntas actividades ilícitas en esta actividad, tema que preocupa al sector comercial.
Los involucrados Mireya Miranda, Sandra Guerra y Marco Antonio Medina, quienes cuentan con patentes en México para prestar sus servicios, fueron denunciados ante la Corte del Distrito del Sur de Texas, luego de verse involucrados con Carlos Favián Martínez, conocido como «El Cuate» y yerno del líder criminal Osiel Cárdenas Guillén.
Ellos, junto a Miguel Hipólito Caballero Aupart, quien de acuerdo a fuentes oficiales huyó a México y es buscado por la Interpol, forman parte de la investigación presentada ante dicha instancia en su División Houston desde el pasado 9 de noviembre, tanto a cada individuo como de forma grupal, esta última carpeta, registrada el 2 de diciembre. Cabe señalar que los involucrados antes mencionados cuentan con oficinas en las cuales realizan actividades de comercio exterior en los condados de San Benito y Los Indios, en Texas.
Mireya Miranda, Sandra Guerra y Marco Antonio Medina tienen la patente registrada por autoridades mexicanas que les permite esta labor, principalmente en los transmigrantes, dedicados a llevar productos y vehículos desde los Estados Unidos a países de Centroamérica, obligados a cruzar el territorio mexicano. También en este país, se les investiga por el cobro de hasta 3 mil dólares por los trámites de importación.
Temen en impacto económico
Al respecto, el director de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, Abraham Rodríguez Padrón, dijo que se espera sean citados los agentes aduanales que trabajan en este programa, mismo que en caso de verse afectado repercutirá en ingresos por 50 millones de dólares, únicamente en este entidad.
«Hay una muy alta probabilidad que los agentes aduanales dentro del programa de transmigrantes sean requeridos por las autoridades del FBI y el ICE, por formar supuestamente parte de la Red Internacional que se investiga en una corte en Texas; esto, porque no puede concebirse el funcionamiento del programa sin la participación de los agentes», apuntó.
Además, apuntó que preocupa que dicha investigación internacional ponga en peligro el programa y que la ANAM lo retire de Tamaulipas.
Dijo que las Cámaras de Comercio están en contra de los abusos y extorsiones. Por ello, pide se tasen y regulen los precios por la autoridad mediante una tarifa internacional, que en 10 años incrementó 700 por ciento los costos y solo 5 agentes aduanales tramitan sus pedimentos.
“Es momento de reivindicar un programa viciado y ahora se ve a los migrantes como un botín y no como un servicio. Hay que buscar que el pago de servicios se dé bajo una tarifa oficial y estos lo hagan de manera directa a cuentas del gobierno, con supervisión de consulados; evitando que particulares abusen con cobros desproporcionados”, concluyó.