La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al determinar que elementos militares hicieron uso excesivo de la fuerza al disparar contra cuatro personas el 7 de febrero de 2021 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Derivado de dicha acción una persona perdió la vida y otras dos resultaron lesionadas, por lo que se solicitó al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, la reparación del daño a las víctimas.
También se acreditó que tres integrantes del grupo fueron detenidos de manera arbitraria por el personal castrense.
De acuerdo con el expediente de queja investigado por la CNDH, las cuatro personas viajaban a bordo de un vehículo particular cuando se les acercó una camioneta de la Sedena “cuyo personal, sin mediar comandos de voz o luces, les cerró el paso y los elementos militares accionaron sus armas de fuego en contra de los ocupantes”.
“Las evidencias recabadas por la CNDH permitieron acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal, y al derecho a la vida, por uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego, así como la vulneración a los derechos de seguridad jurídica y a la libertad, por detención arbitraria”, informó la Comisión.
De acuerdo con la investigación, en un inicio, los efectivos militares declararon que “mientras efectuaban un recorrido, observaron que el vehículo en cuestión aceleró intempestivamente por lo que le marcaron el alto y, acto seguido, retrocedió con la intención de atropellar a dos soldados, mientras que sus ocupantes les dispararon con un arma larga, por lo que repelieron la agresión”.
Pruebas periciales efectuadas a las víctimas arrojaron que nunca realizaron disparos y la supuesta arma hallada en su poder nunca fue accionada por ellas.
La CNDH determinó que el uso de la fuerza aplicado por los integrantes de la Sedena “no fue gradual ni estuvo dirigido a un fin legítimo, porque no se advirtió que hayan intentado realizar maniobras menos letales en contra de las víctimas y que el uso de las armas de fuego en su contra haya sido estrictamente inevitable, como lo señala la legislación aplicable”.
Por lo ocurrido, se solicita al secretario de la Defensa Nacional reparar el daño causado a las tres víctimas directas y dos más indirectas, entre ellos un menor de edad que dejó en la orfandad la persona que falleció, incluyendo para tal fin una compensación justa y tomar en cuenta la gravedad de los hechos.