Con la exigencia de que se investigue la cadena de mando en delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y uso excesivo de la fuerza de elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, un grupo de familiares de víctimas procedentes de Tamaulipas clausuraron simbólicamente las oficinas de Palacio Nacional, Fiscalía General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Acompañados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la Caravana contra la Impunidad de las Fuerzas Armadas, integrada por más de 50 familiares, demandaron investigar una serie de graves deficiencias en las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el cierre arbitrario de expedientes de queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para favorecer al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como el abandono institucional por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV).
Por tercer día consecutivo, el grupo de familiares de víctimas de abusos de elementos de las Fuerzas Amadas en Nuevo Laredo, entre quienes se encuentran Gregoria Hernández, Fabiola Reyes, Dolores Romero y Manuela García, cuyos hijos fueron víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (Unopes), registradas entre febrero y mayo de 2018, realizaron actos de protesta y demandas de audiencia en la Presidencia de la República.
Las víctimas de desaparición forzada son Noé Ignacio Alferez Hernández, Jonatan Organista Ballesteros y Daniel Gerardo García Ramírez, mientras que José Eugenio Hernández Romeo, de 18 años, y Simeon Reyes Limas fueron ejecutados extrajudicialmente.
También se encuentran familiares de cinco jóvenes asesinados el pasado 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma y de dos sobrevivientes, quienes salían de un antro y antes de llegar a sus domicilios fueron emboscados por soldados del Ejército Mexicano. Las víctimas fatales son el ciudadano estadunidense Gustavo Ángel Suárez Castillo, Gustavo Pérez Benítez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez y Alejandro Trujillo Rocha, mientras que los sobrevivientes son Luis Gerardo y Alejandro.
Por estos hechos se encuentran cuatro soldados detenidos en el Campo Militar Número 1 imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Después de nueve meses de ocurridos los hechos el Ministerio Público no ha acusado al comandante del operativo, identificado como el capitán Elio Conde Toledano, y a otros 16 elementos bajo su mando.
Otros manifestantes que participaron en la clausura simbólica del Palacio Nacional, Fiscalía General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos son familiares de cinco hombres detenidos, sometidos y ejecutados extrajudicialmente frente a la barda perimetral de un centro comercial en Nuevo Laredo ocurrida el pasado 18 de mayo.
Los hechos fueron evidenciados en un video difundido en medios de comunicación internacionales y nacionales, los cuales fueron grabados por una cámara de seguridad, el cual mostró el momento exacto en el que fueron asesinados mediante la actuación arbitraria de un grupo de militares de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la República solamente imputó el delito de homicidio calificado a siete de 16 militares que habrían participado en la masacre, situación que molestó profundamente a familiares de víctimas. Con estas acciones de manifestación pacífica, las víctimas directas e indirectas esperan que las autoridades muestren empatía con su sufrimiento, detengan el actuar ilegal y arbitrario de las Fuerzas Armadas e impulsen las investigaciones correspondientes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación.