Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos presentaron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, la actualización de los últimos eventos del caso e hicieron solicitudes puntuales en la audiencia convocada por la CIDH como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14.
Los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que el Ejército ha obstaculizado las investigaciones, además de que existe desatención del gobierno para avanzar en el esclarecimiento de la localización de los jóvenes.
Estuvieron presentes en la sede de la CIDH Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, y Mario González, padre de César Manuel González Hernández, acompañados por representantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Ante representantes de la CIDH y del gobierno mexicano, lamentaron que, a más de nueve años de los hechos, aún no han alcanzado verdad ni justicia y tampoco se conoce el paradero de los estudiantes.
Manifestaron que, por el contrario, el Ejército mantiene su negativa a entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades.
Señalaron que esas deficiencias y la falta de atención del gobierno de México se vieron reflejadas en la ausencia de autoridades participantes en la investigación en la audiencia, como el actual subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la COVAJ o el actual titular de la Fiscalía Especial para el caso.
Falta de seriedad
“Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo fiscal, el nuevo subsecretario, no están presentes. Como padres y madres, no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”, expresó Cristina Bautista.
Por su parte , Mario González añadió: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir las principales [autoridades] para poder hablar con ellos”.
Agregó:
“Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscó tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información.”
Peticiones
Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones puntuales ante las y los comisionados de la CIDH:
1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.
2. Concretar un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esa propuesta.
3. Que en cuanto se elija a la próxima comisionada o comisionado relator para México, lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.
4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.
En un comunicado indicaron que la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, “en la que se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, y no a presentar las líneas actuales de la investigación”.
La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes, como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables.
Los padres y madres, y las organizaciones acompañantes, lamentaron la que consideraron “falta de respeto de la representación del gobierno mexicano”.
Denunciaron que ha habido “politización de la investigación y se ha empoderado al Ejército”, y muestra de ello es el desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y los responsables en el caso, lo que incluye la salida de GIEI del país por falta de condiciones, la posible criminalización del exfiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la COVAJ.
Las y los comisionados señalaron que la ausencia de autoridades clave en la audiencia cual limitó la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa, así como de la responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas.
Tampoco pudo saberse cómo se han llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión o el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes, entre otros temas.
“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan nueve años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir, con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que, si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es saber ‘dónde están sus hijos’”, dijo la comisionada Julissa Mantilla.
A su vez, la Comisionada Esmeralda Troitiño lamentó que su mandato sobre México esté por concluir sin que el caso haya sido esclarecido.