Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en nacimientos entre niñas de entre 10 y 14 años, con 407 casos registrados durante 2026, de acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, con corte al 27 de octubre, presentados por las integrantes de Redes Fuertes, Niñas Libres.
Pero detrás de la cifra, las organizaciones colocaron una advertencia central: los embarazos en niñas no pueden analizarse únicamente como un problema de salud reproductiva, sino como consecuencia de violencia sexual.
“En todo embarazo en menores de edad se presume violencia sexual y en todo embarazo en niñas es producto de violencia sexual”, apuntaron las activistas durante la conferencia rumbo al 25N.
A nivel nacional, la DGIS reporta 5 mil 488 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años en el mismo periodo.
En Veracruz, San Andrés Tuxtla encabeza la incidencia con 22; Veracruz registra 15; La Perla, 11; Coscomatepec y Mariano Escobedo, nueve cada uno; Perote, ocho; Huatusco, Soledad Atzompa, Tuxpan y Zongolica, siete cada uno, y Xalapa, cinco.
De acuerdo con las organizaciones, los agresores se encuentran muchas veces en el entorno inmediato de las víctimas y pueden ser integrantes de la propia familia, entre ellos tíos, abuelos e incluso padres biológicos.
Las activistas también pusieron la atención sobre la respuesta de las instituciones una vez que una niña víctima de violencia sexual llega a los servicios médicos.
Patricia Benítez, del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, señaló que uno de los problemas detectados es la falta de coordinación entre las instituciones involucradas en la atención.
Explicó que los mecanismos vinculados con las alertas por violencia feminicida y agravio comparado contemplaban la participación del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Instituto Veracruzano de las Mujeres y gobiernos municipales.
Sin embargo, sostuvo que actualmente ese mecanismo de coordinación no se está implementando.
La consecuencia, señaló, puede observarse directamente en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
En los casos de violencia sexual [contra] niñas, niños y adolescentes, no siempre dan aviso de la Secretaría de Salud a la Fiscalía General del Estado y, cuando dan aviso, no siempre acude la Fiscalía a atender los casos de las niñas que llegan a los hospitales”, afirmó.
Las organizaciones plantearon además que, pese a una reducción en el número de nacimientos en este grupo, continúa siendo insuficiente el acceso de las niñas a la interrupción del embarazo.
Además, apuntaron que menos del dos por ciento de las niñas tendría acceso a una interrupción del embarazo, situación que calificaron como alarmante y ante la cual demandaron que el sector salud garantice el servicio.
También señalaron que, tras la reforma al Código Penal que eliminó la temporalidad de 90 días, las familias deben saber que pueden acudir a los hospitales y exigir la atención correspondiente cuando se trate de embarazos derivados de violencia sexual.
A las deficiencias en salud se suma, señalaron, la tardanza en el acceso a la justicia.
Como ejemplo, expusieron uno de los casos que acompañaron en el que la agresión sexual ocurrió cuando la víctima era una niña y la sentencia llegó diez años después, cuando ya era adulta.
Aunque reconocieron que en ese procedimiento hubo una mejora en la atención de la Fiscalía y que la sentencia emitida correspondió con la gravedad del delito, advirtieron que las víctimas no deberían soportar durante años el desgaste emocional y económico que implica buscar justicia.
Las integrantes de Redes Fuertes, Niñas Libres también cuestionaron que los marcos legales existentes no se traduzcan en políticas públicas efectivas, particularmente en los municipios.
Por ello presentaron la Mesa de Gobernanza en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, un mecanismo municipal que busca integrar a gobiernos y sociedad civil para diseñar, dar seguimiento y evaluar políticas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El planteamiento parte de que no basta con la existencia de leyes y mecanismos federales o estatales si estos no llegan al territorio donde se encuentran las víctimas.
Las organizaciones sostuvieron que las procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes tienen atribuciones para intervenir y que los ayuntamientos deben establecer políticas acordes con las condiciones específicas de sus municipios.
De cara al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la exigencia de las organizaciones es que las cifras de embarazo infantil sean vistas como una señal de violencia que requiere prevención, atención médica, acceso a la justicia y coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno.
