Con un parque vehicular estimado en 10 millones de motocicletas y alrededor de 16 mil muertes anuales por hechos viales, México enfrenta el crecimiento de un medio de transporte que ha rebasado las condiciones de regulación y seguridad. De acuerdo con la diputada Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, en una cuarta parte de estos fallecimientos estaría involucrada una motocicleta, lo que equivale a un promedio de 11.5 muertes diarias.

La legisladora aclaró que esta cifra no significa necesariamente que los conductores de motocicletas sean responsables de los accidentes, pero advirtió que el aumento exponencial de estos vehículos, tanto como para transporte personal o como herramienta de trabajo, obliga a revisar las reglas de circulación, las condiciones de seguridad y las responsabilidades de quienes participan en su comercialización y utilización.

Por ello, anunció que se trabaja en una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer obligaciones para los conductores de moto, como contar con licencia vigente, acreditar capacitación para conducir, utilizar casco de seguridad y garantizar que las motocicletas salgan de los establecimientos con placas o, al menos, con un permiso de circulación.

Para construir la iniciativa se integrarán las conclusiones de cinco mesas de trabajo con asociaciones de motociclistas, repartidores, plataformas digitales, fabricantes, tiendas departamentales y organizaciones civiles especializadas en seguridad vial.

Las medidas preventivas alcanzarían a repartidores en motocicleta por aplicación, como Uber y Didi, precisó la diputada por Movimiento Ciudadano, durante un foro con motociclistas y expertos.

Uno de los puntos de mayor relevancia será la responsabilidad de las plataformas digitales en los accidentes que involucran a repartidores, particularmente cuando los tiempos de entrega, las promociones y los incentivos económicos los presionan para conducir a exceso de velocidad, indicó.

En ese sentido, explicó que la iniciativa plantea que las empresas “establezcan condiciones de trabajo que no pongan en riesgo la integridad de quienes realizan entregas”, y que asuman responsabilidades en capacitación y seguridad.

Puso como ejemplo las promociones comerciales que ofrecen entregas en determinado número de minutos y que, en algunos casos, trasladan al trabajador las consecuencias económicas por no cumplir los tiempos establecidos.

Si las empresas empujan a los repartidores a conducir más rápido y a exponerse a mayores riesgos, esa responsabilidad también debe ser revisada”, sostuvo.

La propuesta legislativa también buscará romper con la idea de que las empresas fabricantes, armadoras, distribuidoras y comercializadoras pueden deslindarse de las condiciones en que estos vehículos llegan a las calles.

Las empresas no pueden decir: yo no soy responsable, y vender motocicletas como si vendieran licuadoras. Es otra cosa. También tenemos que revisar hasta dónde llega su responsabilidad”, advirtió.

En materia de licencias, se buscará terminar con la expedición de permisos sin comprobar que los conductores tienen los conocimientos y habilidades necesarios. Se propondrá establecer vigencias determinadas, de alrededor de cinco años, sujetas a capacitación y evaluaciones, dijo.

Para otorgar una licencia y manejar una motocicleta de cualquier tipo se necesita capacitación. Se tiene que ofrecer y se tiene que tomar, sobre todo en temas de educación vial”, puntualizó.

También se pretende regular el transporte de pasajeros en motocicletas y mototaxis, así como establecer condiciones de seguridad para acompañantes.

Reconoce dificultades de homologación

Sobre la posibilidad de homologar en todo el país las sanciones administrativas, económicas e incluso penales que ya aplican algunas ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Mercado explicó que la Ley General de Movilidad no puede imponer directamente un catálogo de castigos, debido a que esa facultad corresponde a estados y municipios.

Lo que sí se puede es establecer obligaciones generales para que las autoridades locales desarrollen sus propios mecanismos de cumplimiento y sanción”, afirmó.

La diputada rechazó que la reforma pueda convertirse en un conjunto de buenas intenciones por carecer de sanciones federales, al señalar que las disposiciones de una ley general son obligatorias en todo el país y corresponde a cada autoridad local instrumentar las medidas para hacerlas cumplir.

Sin embargo, reconoció que varias entidades mantienen rezagos en la armonización de sus reglamentos con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada hace dos años, lo que dificulta establecer condiciones comunes de seguridad para los motociclistas en el territorio nacional.

El objetivo, insistió, “no es prohibir ni estigmatizar el uso de las motocicletas, sino establecer responsabilidades compartidas entre conductores, autoridades y empresas para reducir los accidentes y proteger también a peatones y pasajeros”.

El proyecto de reforma podaría estar listo para ser presentado hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, concluyó.

Por expreso

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